El exconsejero madrileño Francisco Granados comparece este viernes por videoconferencia desde la cárcel de Estremera en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, tras solicitarlo así al director de la prisión en la que ingresó por el caso Púnica.
El propio Granados remitió un escrito al director de la prisión de Estremera para pedir comparecer por videoconferencia y no en persona, que era la posibilidad que el grupo parlamentario de Podemos había planteado inicialmente.
La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, recibió el escrito de Granados junto con otro elaborado por el director de la prisión en el que éste abogaba también por la comparecencia por videoconferencia.
El juez de la de la Audiencia Nacional Eloy Velasco -instructor del caso Púnica- había autorizado la comparecencia de Granados sin especificar si debía hacerse en persona o por videoconferencia, a pesar de que algunos grupos informaron de que al dar su visto bueno aceptaba la opción de Podemos de hacerlo presencialmente.
«Se ha acordado por este Juzgado que no existe inconveniente en autorizar que esa Asamblea efectúe las gestiones pertinentes para la comparecencia del indicado el próximo día 3 de junio (…) debiéndose adoptarse las correspondientes medidas de seguridad», indicó textualmente en su escrito el magistrado.
Podemos estaba interesado en que Granados compareciera de forma presencial para que pudiera explicarse de una manera «más fácil» y evitar problemas técnicos, como ha explicado hoy a los medios el portavoz de este grupo en la comisión de investigación, Miguel Ongil.
Granados comparecerá para hablar sobre la Fundación Arpegio, de la que fue presidente, investigada en la trama Púnica y que desapareció con la remodelación de los organismos públicos que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ordenó al llegar al Gobierno con el objetivo de reducir la administración.
Será la tercera vez que comparezca después de hacerlo el pasado 22 de abril por videoconferencia en una sesión que estuvo centrada en el caso del presunto espionaje político a cargos del PP de Madrid en los años 2008 y 2009.
EFE