El exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz tendrá que declarar como investigado el día 13 de septiembre en la Audiencia Nacional ante el juez del caso Púnica por haber influido supuestamente para conceder un contrato de 73 millones a la multinacional Cofely cuando era alcalde de Móstoles.
Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado Eloy Velasco le ha emplazado una vez la investigación contra él ha vuelto a la Audiencia Nacional y tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que llevó su causa mientras era diputado regional en virtud de su aforamiento.
El juez sospecha que pudo influir en que la multinacional Cofely se hiciera con un contrato para la prestación de servicios energéticos y de suministros en la localidad madrileña cuando era primer edil.
Según el juez, tuvo «ánimo de lucro personal» con estos «actos de corrupción» en el concurso de suministro energético de edificios municipales y centros educativos de Móstoles, licitado en diciembre de 2013 y adjudicado unos meses después por importe de 73.143.434 euros en un periodo de 12 años.
Por estos hechos, Velascos ve indicios contra Ortiz de delitos de fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos y cohecho.
Además de a Ortiz, el juez dirige sus sospechas al exconcejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla y a su hermano Mario, exdiputado regional y antiguo alcalde de Sevilla La Nueva, los cuales «se erigieron como intermediarios-representantes en las negociaciones del cobro de dádivas».
Como prueba de ello, el juez incluía en su extenso escrito al TSJM pidiendo que le investigara conversaciones telefónicas entre las que destaca una que, a su juicio, «permite apreciar la participación del exalcalde Daniel Ortiz Espejo en la solicitud del pago de las comisiones acordadas, a pesar de que los investigados extreman las precauciones y en ningún momento citan su nombre».
Pese a ello, el juez destacaba una llamada entre Alejandro Utrilla y un empleado de Cofely de la que dice «se interfiere que se referían al alcalde» con el apelativo de «jefe» y en la que comentaban que si Cofely «quisiera tener una atención con él, un buen momento sería» el de un Congreso que se celebró en Barcelona y del que hay constancia de que entre los ponentes se encontraba Ortiz.
Según el juez, Ortiz recabó información de los funcionarios de cómo estaba transcurriendo la licitación del contrato, para luego dársela a Cofely y que consiguiera puntuar más que sus competidoras, Fulton y Dalkia.
Presionó «especialmente» al concejal promotor del expediente, David Sánchez Rey, a quien llegó incluso a solicitar la interrupción del procedimiento de adjudicación.
Durante la tramitación del procedimiento, Ortiz puso en marcha «una dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación, remitiendo subrepticiamente a los empleados de Cofely (…) documentos confidenciales de la oferta de un licitador competidor», relataba el juez.
Las irregularidades, dice Velasco, se hicieron a cambio de mordidas «como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato», de un total de 746.000 euros en tres partidas de 240.000, 500.000 y 6.000 euros.
Daniel Ortiz dimitió el 8 de julio, dos días después de que el TSJM aceptara investigarlo por su supuesta relación con la trama Púnica, tal como le pidió Velasco.
Renunció ese día voluntariamente a todos los cargos que ostentaba hasta el momento: diputado en la Asamblea de Madrid, concejal en el Ayuntamiento de Móstoles y presidente del PP en la localidad.
EFE