La empresa Nuevo Arpegio ha adjudicado “a dedo” su asistencia jurídica al despacho jurídico de J&A Garrigues ante la demanda presentada por la empresa AIRINA S.L, a la que pertenece Gallina Blanca, dirigida por la conocida familia Carulla, en la que reclaman 72,5 millones de euros a la Comunidad de Madrid -62,9 millones más los intereses devengados.
Según ha podido saber Estrella Digital, el contrato, que asciende a 225.000 euros, se ha adjudicado por el procedimiento de negociado sin publicidad, una fórmula administrativa legal aunque éticamente cuestionada, en la que no se informa a otros despachos de abogados de la necesidad de estos servicios de la Administración. Eso sí, el criterio de adjudicación que marcan los pliegos es que se adjudique al precio más bajo de todas las ofertas que hayan sido admitidas, que fueron dos incluida la de Garrigues. No consta en los documentos públicos la otra empresa, ni la oferta que hizo.
Según dichos pliegos, los servicios que Garrigues debe prestar comprenden “la redacción del escrito de contestación de la demanda, y la reconvención en su caso, así como la coordinación de posibles informes periciales, la celebración de la audiencia previa, la celebración del juicio así como demás trámites hasta la emisión de la sentencia por el Juzgado de 1ª Instancia 84 de Madrid”, donde ha recaído la demanda.
Paradójicamente, el jueves 2 de junio se aprobaron los pliegos y el lunes 6 de junio el Consejo de Administración ya adjudicó el contrato. Un tiempo récord ya que los técnicos tuvieron ese escaso margen de tiempo –un día laborable– para pedir las ofertas a los bufetes de abogados, que éstos las enviaran, se estudiaran y se adjudicara. La adjudicación del contrato se publicó el 28 de junio cuando el plazo para la presentación de la demanda ya había vencido el pasado día 23, algo cuanto menos llamativo.
La consejera delegada de Nuevo Arpegio, Susana Magro, figura como la persona encargada de firmar la orden de adjudicación del contrato. Según consta en su biografía oficial hecha pública en la página web oficial de la Comunidad de Madrid, es funcionaria de carrera y entre los diversos cargos que ha desempeñado en su trayectoria profesional destacan su puesto como asesora de la que fue Ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodriguez, actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como directora de los Gabinetes de las Consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
Terrenos de Rock in Río
Por otra parte, los 72,5 millones que reclama la empresa alimentaria se corresponden con los pagos en especies atrasados que no se abonaron durante una década y que procedían de la venta de los terrenos en tres municipios del sureste de la Comunidad (Arganda del Rey, Morata de Tajuña y Perales de Tajuña) donde más tarde se ubicaría el festival musical Rock in Río. Unos terrenos, de 250 hectáreas que Nuevo Arpegio (antes Arpegio) adquirió a Gallina Blanca en 2005 y que ha finalizado con una operación urbanística fallida enfrentando en los tribunales a una de las familias de empresarios más importantes del país, Los Carulla, con la Comunidad de Madrid.
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, anunció el pasado mes de mayo que por motivos de reorganización extinguiría la empresa pública Nuevo Arpegio y que sus competencias pasarían a otra empresa de la Comunidad, ARPROMA (Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid) que a su vez pasará a llamarse Obras de Madrid. De momento, la liquidación de Nuevo Arpegio no se ha hecho efectiva.
Actualmente, Nuevo Arpegio está siendo investigada en el marco de la Operación Púnica ya que el juez instructor que lleva el caso sospecha que ésta empresa durante la etapa de Francisco Granados, presunto cerebro de esta trama, realizaba convenios urbanísticos a cambio de mordidas.
F. de Castro