La Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas puesta en marcha en abril por la Delegación del Gobierno en Madrid ha recibido 3.343 denuncias y ha hecho posible la identificación de 634 usurpadores, a la vez que ha constatado que en la región hay 1.398 viviendas usurpadas ilegalmente, el 86% en la capital.
Así ha quedado de manifiesto hoy en las reuniones de la Junta y del Consejo Local de Seguridad de Madrid celebradas en la Delegación del Gobierno y presididos por la delegada Concepción Dancausa y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.
Fue precisamente en la anterior Junta Local de Seguridad de Madrid, celebrada el pasado 12 de abril, en la que la delegada anunció la creación de la citada oficina y de la figura de un coordinador policial en la lucha contra esas prácticas, cargo para el que fue nombrado el inspector jefe Sergio Gámez Hartal.
Dancausa ha recordado que la ocupación ilegal de viviendas es un problema que «daña gravemente la normal convivencia de las comunidades de vecinos afectadas y constituyen un foco de delincuencia», en ocasiones con mafias implicadas.