La Púnica amañó en 2014 la adjudicación de la explotación de un restaurante en el Parque Duque de Ahumada de Valdemoro (Madrid) por un periodo de 30 años a una empresa vinculada a uno de los cabecillas de la trama, David Marjaliza, sin que ni siquiera constara que estuviera dada de alta en la Seguridad Social.
Para analizar los pormenores de esta adjudicación a la empresa La Vid Servicios Hosteleros, a cambio de un canon anual al Ayuntamiento de 17.500 euros, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró un informe el pasado junio en el que considera que el que era entonces alcalde de esa localidad, José Carlos Boza Lechuga, tenía «pleno conocimiento» de los pormenores de esta operación.
La Guardia Civil considera que el exalcalde y el resto de los miembros de la mesa de contratación incurrieron en un delito de prevaricación por adjudicar por «unanimidad» el contrato pasando por alto «la no inscripción en la Seguridad Social» de dicha empresa y que no tuviera «ningún trabajador cotizando en dicho sistema».
«Este hecho hubiera debido motivar que no se adjudicara el contrato a esta empresa por cuanto incurre en una prohibición de contratar con la Administración Pública», observan los agentes, que añaden que esta «carencia es aún más grave cuando ha sido entre otras una de las razones alegadas para dejar fuera a la otra oferta presentada».
Según el informe, el propio Marjaliza, al que por estos hechos se le acusa de un delito de tráfico de influencias, explicó en relación con este contrato que estaba «buscando negocios de caja diaria» y por una conversación conoció que iba a salir a concurso la explotación de ese bar-restaurante, pero que no pagó ningún dinero por ello.
Aseguró que esta empresa, cuya titularidad pasó por tres de sus testaferros, fue la única que se presentó al concurso porque se trataba de «un bar que estaba prácticamente derruido y había que invertir mucho dinero para montarlo».
Sin embargo, al estudiar el expediente de contratación la Guardia Civil ha detectado que otra empresa también había concurrido y que al abrir las dos ofertas en reunión extraordinaria de la mesa de contratación, celebrada el 8 de abril de 2014, se acordó pedir subsanar documentación al proyecto rival de Marjaliza.
Finalmente, en una reunión posterior se dieron por no subsanadas y en mayo se le otorgó el contrato a la sociedad de Marjaliza.
«Frente al rigor demostrado con el licitador Óscar Pérez Ledesma, la mesa de contratación pasó por alto la no inscripción en la Seguridad Social de la empresa La Vid, circunstancia que debería haber sido apreciada por la mesa de contratación de manera directa y automática», señala el informe.
A la Guardia Civil también le «llama la atención que a dicha concesión se le otorgue un plazo de tiempo tan largo (30 años), garantizándose el empresario David Marjaliza que puede permanecer durante ese tiempo como titular de la concesión sin hacer frente una nueva licitación, donde pudiera ver discutida la titularidad de la concesión por otros licitadores».
Además, a los 15 días de estar formalizada la adjudicación la empresa debía haber abonado el canon anual de 17.500 euros, cantidad que en la documentación del expediente de contratación «no se ha localizado ningún documento relativo al abono» al Ayuntamiento de Valdemoro por ese contrato.
Uno de los testaferros que se presentó como titular de la empresa, Antonio Cándido Ruiz García, declaró que para optar a este concurso documentación la preparó el personal de Marjaliza y explicó que el negocio no se había abierto y que creía que el dinero para la reforma del local lo había puesto el cabecilla de la Púnica.
Añadió además que la empresa se creó a instancias de Marjaliza, del que reconoció sus influencias en el Ayuntamiento de Valdemoro, porque quería «abrir otros negocios distintos tras el desplome del sector inmobiliario».
Efe