El Consejo de Gobierno ha analizado este lunes el informe sobre el borrador de anteproyecto de la nueva Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid para comenzar los trámites para aprobar el texto que sustituirá a la actual Ley de Suelo vigente desde el año 2001. El proyecto ha sido rechazado por los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE-M y Podemos) y por la Federación de Municipios de Madrid. Aún así, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, espera aprobar el anteproyecto de ley “con un amplio apoyo”.
Según ha explicado Cifuentes, el texto presenta un carácter “marcadamente municipalista, simplificador y sencillo” que establece un Plan General específico para localidades de menor población y planes municipales de actuación para “facilitar la rehabilitación” y “renovación urbana”. La presidenta regional ha asegurado que el objetivo principal de la iniciativa es dar respuesta a “las nuevas realidades urbanísticas” de los municipios de la región.
“A través de instrumentos de planeamiento flexibles, rigurosos y transparentes que posibiliten un desarrollo urbanístico sostenible basado sobre todo en la rehabilitación y la regeneración urbana”, ha dicho el Gobierno regional. Por otro lado, el proyecto presentado por Cifuentes busca acabar, según el Ejecutivo regional, con la dispersión normativa, la conflictividad jurídica y las lagunas legislativas que existen en la actualidad para “garantizar la seguridad jurídica”.
Nueva regulación de las clases de suelo
El Ejecutivo regional ha explicado que la nueva ley mantendrá las clases de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable “pero con modificaciones”. “Este cambio clarifica qué suelos se puede desarrollar o no. Así, en el suelo no urbanizable común no se podrá construir en ningún caso, salvo que se cambie su clasificación en el planteamiento general a iniciativa de los propios ayuntamientos. Se pretende así conseguir un urbanismo más sostenible y que evite desarrollos urbanísticos innecesarios”, ha añadido.
Otra de las novedades presentadas por Cifuentes es la inclusión de un Plan General de Ordenación Urbana Simplificado, diseñado para los municipios de menos de 5.000 habitantes y hasta seis millones de euros de presupuesto. “Estos municipios podrán optar por este Plan General Simplificado más flexible y ágil que el Ordinario siempre y cuando las actuaciones se centren en sus cascos urbanos y no incluyan nuevos desarrollos”, ha dicho el Gobierno regional. Asimismo, la Ley refuerza la capacidad de las administraciones para actuar frente a posibles infracciones urbanísticas, incrementando los plazos de prescripción a 8 años y endureciendo el régimen sancionador.
Marina G.Rico