El considerado número dos de Gürtel, Pablo Crespo, ha afirmado que la Comunidad de Madrid obligaba a las empresas del grupo Correa a fraccionar los contratos para no tener que ir a concurso público.
«Nos ordenaban dividir ese acto en diferentes facturas», ha dicho Crespo durante su declaración ante el tribunal que le juzga, que se ha retomado esta tarde con las preguntas de la fiscal sobre las contrataciones de la Comunidad de Madrid a las empresas de la trama que lideraba Francisco Correa para organizar eventos.
Según Crespo, la Administración les decía cómo tenían que facturar, algo que ha considerado normal: «Es el cliente el que te dice te voy a pagar de esta manera o de esta otra», se ha justificado.
Crespo, que gestionaba las empresas de Correa, ha denunciado que, de hecho, la Comunidad de Madrid aún debe en torno a 100.000 euros a las empresas del Grupo Correa que nadie, «ni siquiera la autoridad judicial», se ha preocupado por cobrar, lo que supone un «enriquecimiento injusto» de la Administración.
La fiscal Concepción Sabadell le ha preguntado por el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, quien, según admitió Correa, recibió de la trama dinero por adjudicar un contrato del Ayuntamiento de Madrid, del que fue concejal antes que consejero.
«Yo jamás he entregado, lo digo para que conste así de claro, ni un céntimo al señor López Viejo», ha explicado.
Al exconsejero le conoció en 2003, coincidiendo con las elecciones autonómicas, y lo ha visto «a lo sumo una o dos veces», ha dicho Crespo, quien ha indicado que la Comunidad de Madrid empezó a conceder contratos a las empresas de la red corrupta en 2004 o 2005, que eran «exclusivamente actos de la presidenta Esperanza Aguirre».
También le han preguntado por las iniciales «A.L.» anotadas junto a la palabra «consejero» en un documento de Gürtel, y ha dicho que no sabe si conoce «a otro consejero que se llame A.L.», pero que desconoce de dónde vienen las siglas