La Audiencia Nacional ha ratificado la prórroga de otros dos años de prisión preventiva para el exconsejero madrileño Francisco Granados ante el riesgo de fuga por «el elevadísimo patrimonio» que tendría oculto en el extranjero y por las presiones y amenazas a personas vinculadas a la investigación.
La sección cuarta de lo Penal ha desestimado en un auto el recurso de Granados contra la decisión del juez Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, de prorrogar hasta el máximo de cuatro años su prisión preventiva, tras haber vencido el primer plazo de dos años desde que entró en la cárcel el 31 de octubre de 2014.
Para los magistrados -Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Fracisco Martel- «el riesgo genérico de huida y de destrucción de pruebas se ha ido paulatinamente concretando» y «se ha hecho más patente» por «el presunto acopio de importantísimas sumas de dinero de ajena procedencia», y ponen de ejemplo «el hallazgo de casi un millón de euros en el domicilio de sus suegros».
Además, «hay datos elocuentes acerca de la existencia de presiones, amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o manipular las manifestaciones de otros investigados», circunstancia que la Sala considera «plenamente vigente», tal y como recogió el juez Velasco en un auto del pasado 3 de octubre.
A esto añade el tribunal «el dinero hallado en Suiza», del que dice no constan pruebas de que fuera producto de las ganancias que obtuvo cuando trabajaba en el banco Societé General, tal y como alegó la defensa de Granados.
«En cualquier caso, de lo que sí hay datos es de la existencia de un elevadísimo patrimonio que el recurrente oculta», destaca el auto.
Esto es así, según la Sala, porque de la investigación se deduce que Granados «se ha valido y ha utilizado en su provecho los cargos públicos para los que ha sido nombrado, lo que comporta que en estos años, que se inician allá por el 2000, haya participado en un gran número de actividades relacionadas con el sector inmobiliario en las que se ventilan miles de millones», indica el auto.
Para la Sala «hay datos incriminatorios bastantes para pensar que el recurrente obtuvo pingües beneficios que le servirían para eludir la acción de la justicia».
Una posibilidad de que eso pudiera suceder la encuentran los magistrados en la «cuidadosa actividad tendente a ocultar el presunto y elevado patrimonio a través de sociedades formadas por otras con sede fuera de España, cuya titularidad real resulta de muy difícil averiguación».
En cuanto a la posibilidad de destrucción de pruebas y de influir en otros implicados en la investigación de quedar ahora en libertad, el auto resalta que Granados «se ha valido de familiares, amigos, testigos, de otros implicados, de funcionarios, de personas integradas en la propia fuerza actuante, con la finalidad de poner trabas a la investigación y evitar ser descubierto, llegando en algunos casos, a presionarlos e incluso a amenazarlos».
En su recurso contra la prorroga de prisión, Granados admitió que el millón de euros hallado en casa de sus suegros -que su suegro justificó señalando que por su casa entraba mucha gente y citó a operarios de Ikea- procedía de la cuenta que tenía en Suiza y aseguró que ese dinero y el de sus cuentas bloqueadas es el único que tiene, por lo que negó tener más oculto.
La defensa de Granados, que ahora ejerce el abogado Carlos García de Ceca, explicaba en el recurso que ese dinero fue el que extrajo al dejar su cuenta en Suiza y que ese y el dinero de sus cuentas bloqueadas y consignadas en el juzgado es el único con el que contaba.
EFE