El próximo 22 de diciembre, la gran mayoría de familias españolas depositarán su ilusión en la siempre esperada Lotería de la Navidad mientras que otras 200 rezarán por conservar sus puestos de trabajo. A las 10.00 horas de ese día el Ayuntamiento ha fijado el precinto de una de las tabernas más famosas de la capital, 'Los gallos'. Sólo media hora más tarde, el restaurante Babelia vivirá la misma situación y verá como su local es clausurado por la Policía Municipal. El Ayuntamiento ha decidido condenar a cuatro restaurantes del callejón Puigcerda porque “las condiciones actuales de uso no corresponden con la situación descrita en los servicios técnicos” realizados por el personal del consistorio. La clausura puede suponer el despido de más de 200 personas y una discusión entre Pablo Carmona, concejal presidente del distrito del barrio Salamanca que ha mostrado su apoyo a los empresarios, y la alcaldesa, Manuela Carmena, increíblemente ambos del mismo partido.
Se había convertido en la zona de moda de la capital. Objeto de atracción turística, la calle Puigcerda, sembrada desde hace algunos años por varios restaurantes, había recuperado su esplendor y se erigía como uno de los grandes reclamos gastronómicos de Madrid. El trasiego de gente y la instalación de varias terrazas hacían las delicias de los madrileños, pero levantaban las primeras protestas entre los vecinos. Las quejas trajeron consigo las primeras visitas de la Policía Municipal, que un día sí y otro también, acudían a los locales para requerir las documentaciones de los mismos.
“Hemos vivido una especie de acoso. Nos han hecho inspecciones diarias, nos han requerido toda serie de papeles y de licencias. Agentes de la Policía Municipal se han personado en el local en varias ocasiones en horarios nocturnos que es cuando más afluencia de gente tenemos y se producen situaciones muy incómodas”, relata uno de los propietarios de los restaurantes afectados.
La problemática con los locales situados en la calle Puigcerda comenzó con la instalación de las terrazas en un suelo privado de uso público. Algo que también ocurrió en el castizo barrio de Santa Ana. ”Las terrazas no son ilegales. Estamos en un suelo privado de uso público y tenemos una normativa, pero la estamos cumpliendo”, alega uno de los afectados. Además, otro los propietarios reclama más transparencia por parte de la Agla (Agencia de Actividades, que depende del Ayuntamiento) y solicita que se especifique qué es lo que deben mejorar o cambiar para cumplir las ordenanzas municipales: “Tenemos una actitud proactiva y receptiva a los cambios. Nadie nos ha dicho qué tenemos que hacer. Hemos presentado un proyecto a la Junta de Distrito para que nos digan qué podemos hacer y qué no, pero nadie nos contesta y antes de que nos respondan nos cierran el local”.
En este sentido, en una de las cartas emitidas por la Agla a uno de los locales afectados a la que ha tenido acceso Estrella Digital, la agencia asegura que se ha utilizado como “salón comedor” un espacio que según la licencia se define como “cuarto de instalaciones”. Lo que no comprenden los propietarios afectados es por qué no han sido avisados de estas deficiencias y por qué ni siquiera han recibido un apercibimiento de cierre, ni ningún tipo de sanción económica o administrativa.
“Nos sentimos absolutamente desamparados. Normalmente, el Ayuntamiento te impone algún tipo de sanción por tener 32 mesas en vez de 28 en una terraza, por ejemplo, o te mete una multa por exceso de ruido, pero es que en este caso no ha ocurrido nada de eso. No sabemos a qué atenernos porque nuestra situación es completamente legal, aunque estamos abiertos a posibles mejoras. Nunca nos hemos negado a colaborar por alcanzar la óptima interpretación de la normativa”, relata uno de los propietarios.
Más de 200 familias a la calle
La medida tomada por el equipo de Gobierno de Manuela Carmena puede suponer el despido de más de 200 personas, que son las que trabajan en los cuatro locales situados en la calle Puigcerda. “No me quiero ni imaginar tener que prescindir de personal por la prevaricación del Ayuntamiento”, afirma uno de los afectados.
“Parece que está hecho adrede”, relata otro los propietarios en relación a las fechas elegidas para clausurar los locales. De hecho, todos ellos tenían todo su aforo reservado para estas fechas navideñas. Para el día 22 de diciembre en la taberna ‘Los gallos’ iban a comer cerca de 400 personas y en Babelia iban a concurrir más de 300 comensales. “Un solo día de cierre durante la Navidad nos supone descuadrar todo el año”, narra uno de los empresarios.
Todos los restaurantes afectados recibieron la notificación de clausura el pasado lunes 19 de diciembre, lo que les ha dejado 72 horas para maniobrar e interponer un recurso para aplazar el cierre del mismo. Todos ellos ya se han puesto en manos de sus abogados y “confían” en que la Justicia les salve de la “ruina”.
Esta disputa es un paso más en el deterioro de las relaciones entre Pablo Carmona, concejal presidente del distrito de Salamanca, y Manuela Carmena. El primero ha mostrado su apoyo a los propietarios de los locales amenazados de cierre que han alabado la actitud del concejal porque “pretende convertir la zona en una atracción turística”. Sin embargo, al depender la clausura de la Agla, la junta de distrito encabeza por Carmona no ha podido paralizarla.
Carlos Lospitao