Las agresiones a los funcionarios de los centros penitenciarios de Madrid no han dejado de aumentar durante los últimos años, según denuncia CCOO. Las enfermedades mentales de algunos internos y la falta de personal son las razones principales para que 500 trabajadores de media sean agredidos a los largo de un año, según datos de la misma central que también acusa a la Administración de no proporcionar cifras oficiales desde el año 2014. Además de las evidentes secuelas físicas que en muchas ocasiones requieren de asistencia sanitaria urgente, también se producen numerosas bajas por ansiedad y depresión en un sector muy mermado de efectivos. «No es normal que un sólo funcionario tenga que hacerse cargo de un módulo con 140 presos porque es imposible reaccionar ante cualquier ataque», afirma Ángel Moreno, miembro de CCOO.
A comienzos del mes de diciembre se produjeron varias agresiones muy graves a funcionarios en los centros penitenciarios de Navalcarnero y Estremera. Estos episodios violentos causaron graves daños sobre los trabajadores afectados y CCOO denuncia que «van camino de convertirse en una pandemia por su reiteración y por la nula respuesta de la Administración Penitenciaria». En el caso concreto de Estremera, los hechos violentos ocurridos se saldaron con tres funcionarios heridos y atendidos por los servicios hospitalarios madrileños. En Navalcarnero, las agresiones se producen después de que la central advirtiera de la alarmante situación del centro penitenciario de la localidad que cuenta con una plantilla muy envejecida y con un número de plazas vacantes superiores al 15%.
Pero estos dos son sólo un ejemplo de los más de 500 que se producen a lo largo de todo el año, según datos manejados por el sindicato obrero. El elevado número de casos es una consecuencia directa de la gran cantidad de internos que padecen enfermedades mentales. Se calcula que este puede ser el motivo del 70% del total de las agresiones. «Hay muchos internos con patologías mentales que en vez de estar en centros psiquiátricos están en los propios centros penitenciarios y es muy complicado que un funcionario que no tiene formación ni elementos suficientes para poder abordar a un interno con enfermedades mentales pueda controlar la situación», afirma Moreno.
Evolución de las agresiones en las instituciones penitenciarias | CCOO
«Sí tienes una patología lo lógico es que se te acabe reforzando al estar encerrado y eso puede derivar en problemas de mayor agresividad. Nosotros tenemos un absoluto desconocimiento y pocas herramientas para afrontar situaciones de enfermedad mental porque no tenemos formación», prosigue Moreno.
La falta de formación es parte de una reivindicación más genérica que es la exclusión de estos trabajadores del protocolo contra la violencia en el trabajo que se aprobó en el año 2015 y que afecta a toda la Administración General del Estado, pero excluye a las prisiones. «Curiosamente, es en los centros penitenciarios donde se produce el 80% de las agresiones y tampoco endentemos por qué no somos reconocimos como 'autoridad' cuando por ejemplo un docente sí tiene ese reconocimiento», explica Moreno.
Sin protocolo de actuación
De todos modos, el caldo de cultivo de esta problemática radica en la manera de afrontar el mismo por parte de la Administración y los sindicatos. La primera, intenta minimizar el problema y alega que es sólo un problema de seguridad, mientras que los últimos afirman que lo único que reclaman es que se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. «Necesitamos que se evalúe los riegos que asumimos en el desempeño de nuestra labora. En este caso, las agresiones es un riesgo más que evidente, pero la Administración lo enfoca desde el punto de vista regimental. Es decir, poco más que piensan que las agresiones entran en nuestro sueldo y en nuestra nómina. Una opinión que nosotros nos compartimos», afirma el representante sindical.
Lejos de lo que se pudiera pensar las agresiones no siguen ningún patrón ni se producen en situaciones concretas. «No hay un acto concreto donde se produzcan más agresiones, ni en módulos, ni en centros concretos. Puede ocurrir en un traslado de presos, en la apertura de una celda de un interno que no quiere salir de ella…», explica Moreno.
Para erradicar este fenómeno que registra de media de dos a tres casos por semana, CCOO exige una mayor preocupación por parte de los gestores en los centros y por el secretario general de Instituciones Penitenciarias. Además reclaman un Plan Integral contra las agresiones al personal de prisiones que solucione la falta de persona, genere cursos de tratamiento psiquiátricos, ayude a forzar medidas legales como el reconocimiento de agente de la autoridad y cree una mayor formación de los funcionarios para afrontar la conflictividad dentro de las prisiones.
«Frente a las propuestas constructivas y responsables de CCOO, la Administración responde promoviendo un plan contra las agresiones en la Administración General del Estado, que excluye a prisiones. El propio Parlamento a través de una proposición no de Ley, les ha impelido a que desarrollen un Plan contra las agresiones en prisiones y han hecho caso omiso», sentencia CCOO.