El incendió ocurrido el pasado 11 de enero en la calle Granados de Torrejón de Ardoz, sede de los juzgados de Violencia sobre la Mujer y Primera Instancia nº5 de esta localidad madrileña, han agotado la paciencia de los jueces decanos de la Comunidad de Madrid. Este último incidente no hace sino confirmar los problemas y deficiencias denunciados por el Tribunal Superior de Justicia en las diferentes memorias de 2015 elaboradas por cada uno de los juzgados que componen los partidos judiciales de la Comunidad. Por este motivo, afirman «sentirte obligados» a instar a Cristina Cifuentes y su equipo de gobierno, responsables del estado, mantenimiento y conservación de los edificios judiciales, a que antes de lamentar daños personales irreversibles, acometa de inmediato las actuaciones necesarias para que el estado de dependencias se adecue a la normativa en materia de Seguridad y Salud.
Para ello exigen que todas las sedes judiciales cuenten con una salida de emergencia y las mínimas condiciones de salubridad e higiene a fin de poder desempeñar su trabajo en unas «instalaciones dignas». En este sentido, insisten que son numerosas las actas de infracción en materia de prevención de riesgos laborales levantadas sin que la Comunidad de Madrid haya realizado las actuaciones precisas para corregir esta «lamentable situación», siempre según la versión de los magistrados.La ubicación de los juzgados es otras de las reivindicaciones históricas del gremio. En su gran mayoría las dependencias judiciales se encuentran emplazados en bajos de locales comerciales o en edificios con distribuciones incompatibles con el desarrollo de la actividad judicial.
«Estas deficiencias deben solventarse de inmediato y a la mayor urgencia, pues la dotación presupuestaria no es circunstancia que justifique o ampare que se ponga en riesgo la salud y la vida de los trabajadores y usuarios de las sedes judiciales habida cuenta de que por la Comunidad lo único que se viene haciendo es parchear los problemas sin arbitrar de forma seria los mecanismos precisos para solucionar definitivamente un problema grave y general que se viene arrastrando desde hace años», afirman en un comunicado.
Estas quejas se producen sólo unos días después de que una jueza clausurase las instalaciones de los juzgados de Violencia sobre la Mujer y de Primera Instancia nº 5 de Torrejón de Ardoz, lugar donde se produjo un incendio el pasado 11 de enero del año 2017. El cierre de las dependencias viene motivado por un supuesto riesgo para la salud de los trabajadores y usuarios de la sede judicial hasta que un informe esclarezca las condiciones medioambientales del reciento. El hecho de carecer de una ventilación adecuada, de la presencia de ventanas enrejadas y al fallo de los sistemas de alarmas, la Magistrada-Juez Decana de dicho Partido Judicial ha dictaminado su clausura por tener la sospecha e contaminantes peligrosos en el aire derivados de la combustión.
Esta denuncia ha sido suscrita por los jueces decanos de Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Majadahonda, Mostoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo del Escorial, Torrelaguna, Torrejón de Ardoz y Valdemoro. Además, advierten de que estos hechos pueden incluso llegar incluso a encajar en el tipo penal de los delitos contra los derechos de los trabajadores por lo que no descartan la posibilidad de ponerlos en conocimiento de la Fiscalía de no arbitrarse los medios necesarios para solventarlos.
Carlos Lospitao