María Santos, concejala del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, solicita aumentar de 5 a 120 millones la partida de transferencias a las CCAA y Ayuntamientos para la atención jurídica, sicológica y social a las víctimas de la violencia de género y sus hijos e hijas en los Presupuestos Generales del Estado.
La concejala justifica su Moción en el hecho de que la atención es un derecho de más de 2,5 millones de mujeres que, según la Macroencuesta 2015 sufren violencia de género y con 5 millones sólo se cubre el salario de unas 150 profesionales y la atención al 5% de las potenciales usuarias.
María Santos explica a la hora de defender la Moción presentada “que se deben transferir de forma más directa y eficiente esos recursos a los servicios sociales de proximidad de los ayuntamientos o mancomunidades que cubren la totalidad del territorio del Estado, donde se ubican los servicios de atención jurídica, sicológica y social a víctimas de Violencia de Género» . Ahora la transferencia se supedita a un convenio con cada Comunidad Autónoma cada año, y de estas a su vez con 8.000 ayuntamientos, que a su vez los han de organizar cada año, un gasto ineficiente de tiempo y dinero.
“Los servicios públicos estables precisan plantillas públicas estables”, afirma la moción que se debatirá en Sevilla La Nueva. La financiación anual, no plurianual, y sus eventualidades desembocan en una creciente externalización o subcontratación temporal con empresas, que a su vez hacen contratos laborales eventuales a las sicólogas, abogadas y trabajadoras sociales, incumpliendo las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14.09.16, y restando calidad y continuidad a la atención a cada víctima, imposibilitando la cooperación con los juzgados, fuerzas de seguridad, centros educativos y de salud y demás instituciones encargadas de la prevención y asistencia.
José Casanate