viernes, noviembre 22, 2024
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Medina confirma que llamó al primo de Almeida para contactar con el Ayuntamiento

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Prueba de la información biográfica

El magistrado Adolfo Carretero ha tomado declaración por primera vez a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño como investigados por los presuntos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales (además de alzamiento de bienes en el caso de Medina), ante las sospechas de que pudieron embolsarse 6,6 millones de dólares en tres contratos por los que el Ayuntamiento pagó 11,9.

Medina ha declarado durante poco más de media hora, y Luceño durante unos 25 minutos, contestando únicamente al juez y a sus letrados, han explicado fuentes jurídicas.

Ambos han defendido, en la línea con su declaración en la Fiscalía Anticorrupción, que cobraron la comisión que estableció el responsable de la empresa malaya Leno, San Chin Choon, porque eran agentes de la misma.

Medina ha confirmado que supo que Luceño podría traer material de China, y él trató de contactar con el consistorio para ayudar, y por eso habló con la directora de su antigua universidad, que le dio el teléfono del primo del alcalde.

Hoy ha dicho que entonces llamó a este familiar de Almeida, y éste le dio el teléfono de Elena Collado, la coordinadora de presupuestos y recursos humanos del consistorio, con la que finalmente se cerraron los contratos que se investigan.

Ante la Fiscalía, Medina dijo que únicamente había escrito al «hermano» del alcalde, Carlos, en una referencia errónea al familiar.

Por su parte, según otras fuentes presentes en la declaración, Luceño ha subrayado que se trataba de su primer negocio con la empresa Leno y ha asegurado que el responsable de la misma, San Chin Choon, va a declarar ante la justicia madrileña.

Este empresario ha depositado varios relojes en el juzgado para añadir a la fianza que deberá aportar por sus posibles responsabilidades.

Las acusaciones populares han solicitado al magistrado del caso de las mascarillas que retire el pasaporte a Luis Medina y Alberto Luceño, y que firmen cada quince días en el juzgado, mientras que la Fiscalía no ha solicitado ninguna medida para los empresarios.

Ahora el juez decide sobre la adopción o no de estas medidas cautelares. EFE

 

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