Así lo exponen sus letrados en un recurso de reforma, al que ha tenido acceso Efe este lunes, interpuesto ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid contra el auto del pasado 12 de abril en el que el magistrado Adolfo Carretero daba por personados en la causa al Ayuntamiento de Madrid como acusación particular y al PSOE, Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid y Partido Podemos como acción popular.
La defensa de Medina recuerda que el Consistorio firmó tres contratos con una empresa malaya para adquirir mascarillas, guantes y test rápidos de covid, subrayando que en cuanto al primero «no hubo problema alguno ya que se recibieron todas, eran de la calidad que esperaban e incluso manifestó que el precio le pareció barato, al estar en aquel momento el mismo tipo de mascarillas en el mercado a 40 euros».
Cita así la declaración que hizo ante el fiscal Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento.
Sobre los guantes precisa que «en efecto llegaron, pero no eran de la calidad que se esperaban (40 mm) y se puso en contacto con el señor Luceño -el otro investigado en la causa- para que solucionara el problema, procediéndose en pocas horas a devolver la cantidad de 4.025.000 euros».
«El asunto se dio por concluido, y el Ayuntamiento se sintió satisfecho con la solución, por lo que ahora no pueden venir a quejarse de algo que dieron por válido y por lo que no interpusieron ningún tipo de reclamación», sostiene el escrito.
Sobre los test precisa que uno de los lotes no tenía reactivo pero ese líquido ya les había llegado y no consta que no funcionaran porque no hay reclamación al respecto.
«Por lo relatado, no puede aceptarse que el Ayuntamiento de Madrid sea acusación particular en un asunto donde ha estado de acuerdo con los contratos investigados, suscribiéndolos y en ningún momento revocándolos ni denunciándolos, habiéndose mostrado conforme con lo que ha obtenido de los mismos», concluye la defensa de Luis Medina.
Y pone de relieve que el Consistorio es una de las partes firmantes de los negocios investigados, «y en el caso de que de las diligencias se aprecie que se ha producido alguna irregularidad, la responsabilidad podría recaer en dicha Institución, por lo que no es el momento procesal oportuno para personarse ni tener como acusación particular, a una parte que por su participación en los contratos puede acabar siendo investigada».
Este escrito se conoce el día en que también se ha hecho público que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso de las mascarillas que imponga una fianza de 891.227 euros al empresario Luis Medina para asegurar el pago de posibles responsabilidades, mientas que el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado el embargo de sus bienes por una cuantía total de 1,1 millones de euros. EFE
