La Fiscalía Anticorrupción ha presentado hoy una solicitud de condena de 15 años de prisión para Alberto Luceño y 9 años para Luis Medina, los dos empresarios implicados en el caso de las mascarillas, que investiga la venta de material sanitario durante la pandemia.
Caso Mascarillas: el juez procesa por estafa agravada a Luis Medina y Alberto Luceño
El caso de las mascarillas se centra en una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra y venta de mascarillas, guantes y pruebas diagnósticas al comienzo de la crisis de la COVID-19.
Según la acusación, Medina y Luceño se habrían embolsado más de seis millones de dólares y el consistorio habría pagado un total de 11.9 millones.
En su informe, la fiscalía relata cómo los empresarios contactaron con el Ayuntamiento a través de un familiar del alcalde y señala que su intención era enriquecerse a expensas de la necesidad y la escasez de material sanitario, vendiendo los productos a un precio mucho más alto del ofrecido por los proveedores.
Ambos ocultaron comisiones por las mascarillas al comprador
Además, se asegura que ambos acusados ocultaron en todo momento las comisiones al comprador, convenciéndolo de que actuaban de manera altruista sin obtener ningún beneficio de la operación.
La Fiscalía destaca que Luceño no solo ocultó las comisiones al Consistorio, sino también a Medina, a quien no informó de que había pactado una comisión adicional con la empresa proveedora en otro documento, cobrando finalmente tres veces más que él.
El fiscal Luis Rodríguez acusa a Luceño de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y oficial, así como un delito agravado contra la Hacienda Pública.
Por su parte, considera a Medina coautor de estafa y falsedad en documento mercantil en esta operación de compra y venta.
Además de las penas de prisión, la Fiscalía Anticorrupción solicita una multa total de 5.6 millones de euros para Luceño y 450,000 euros para Medina.
Asimismo, pide que ambos indemnicen a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que realizó la compra, con la cantidad correspondiente a las comisiones obtenidas y al sobreprecio pagado por el Ayuntamiento.
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Hasta el momento, ambos empresarios están procesados por los delitos de estafa agravada y falsedad documental, pero no se les imputa el delito de blanqueo de capitales, ya que, según el juez Adolfo Carretero, los acusados no intentaron ocultar el dinero de las comisiones ni hacerlo desaparecer.