Un militante de Vox se encuentra bajo una petición fiscal de tres años de prisión por su supuesta implicación en unas pintadas realizadas en el mural feminista de Ciudad Lineal en la madrugada del 8 de marzo de 2021, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. El acusado, identificado como L. F. U., ocupó el puesto ‘número 12’ en la lista al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales anteriores y fue vicesecretario de Juventudes del partido liderado por Santiago Abascal.
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La fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito contra la dignidad y un delito contra el patrimonio artístico. El juicio está programado para el próximo mes de febrero, según fuentes judiciales. Una de las pruebas clave es que la pintura utilizada habría sido adquirida con una de las tarjetas bancarias del acusado, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación.
Estos acontecimientos surgieron después de una disputa política en el distrito de Ciudad Lineal, donde en enero de 2021 se presentó una propuesta para eliminar el mural.
Según la fiscalía, el acusado «coadyuvó con evidente desprecio hacia las mujeres en el tachado con pintura negra de las imágenes de todas las mujeres representadas en el mural feminista, de propiedad municipal». Este mural está ubicado en el Centro Deportivo Municipal ‘La Concepción’, en la calle José del Hierro número 5.
El mural se creó con la intención de ocupar un espacio público y dar visibilidad a mujeres destacadas en la historia, además de servir como símbolo de repudio a la violencia de género. El Ayuntamiento lo consideró un elemento de valor artístico y cultural, con un costo de 10.065,15 euros más IVA, sin que se haya renunciado expresamente a la indemnización correspondiente.
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La Fiscalía afirma que la acción de vandalismo tuvo un gran impacto en los medios de comunicación y que, debido a su naturaleza degradante y despreciativa, constituye un ataque a la dignidad de las mujeres destinatarias y al colectivo al que pertenecen. Además de la pena de prisión, la fiscalía solicita la imposición de la pena de inhabilitación especial para profesiones u oficios educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un período de 6 años más que la pena de prisión impuesta.