El Ayuntamiento de Madrid ha decidido revocar las licencias de operación de las tres empresas de alquiler de patinetes eléctricos, Lime, Dott y Tier Mobility, quienes deberán retirar sus vehículos de las calles de la capital antes de octubre.
Esta medida se ha tomado debido a que las operadoras no han cumplido con las obligaciones establecidas en las bases de autorización, según informó este jueves el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha sido el encargado de firmar el decreto que pone fin a las autorizaciones concedidas, dando inicio a un proceso en el que las compañías afectadas tendrán 20 días para presentar sus alegaciones. Entre los incumplimientos detectados por el Consistorio se encuentran la falta de servicio en toda la ciudad, la insuficiente cobertura de los seguros y la ausencia de tecnología que evitan que los patinetes circulen o sean aparcados en zonas no permitidas.
Además, el Ayuntamiento ha señalado que las tres empresas han dificultado su inspección laboral al no facilitar el acceso a la información necesaria para verificar el cumplimiento de las condiciones. Esta falta de colaboración ha llevado al Consistorio a corroborar que se han quebrantado las normativas, lo que ha resultado en la retirada definitiva de estos vehículos.
Sin nuevos permisos
Aparte de esta medida, Martínez-Almeida ha dejado claro que el Ayuntamiento de Madrid no volverá a conceder nuevas licencias para la operación de patinetes de alquiler en la ciudad. Esto supone un cambio de rumbo respecto a las políticas de movilidad que se habían implementado hasta ahora, que buscaban integrar medio de transporte en el ecosistema urbano.
La revocación de las autorizaciones se produce después de que el pasado 3 de mayo de 2023 se implantara un nuevo sistema de alquiler de patinetes eléctricos, mediante el cual se redujo el número de operadoras a tres y se limitó el número de patinetes en circulación a 6.000. Sin embargo, las inspecciones realizadas por el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad han revelado múltiples incumplimientos que han llevado a esta drástica decisión.
El Ayuntamiento ha insistido en que esta decisión busca mejorar la seguridad y el orden en las calles de Madrid, sobre todo en lo que respeta a la movilidad de los peatones y la protección de los colectivos más vulnerables, como las personas mayores.