La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha ratificado la condena a siete años de prisión para Alfredo Prada, exvicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, por un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con malversación agravada. El caso está relacionado con las irregularidades en la construcción del Campus de la Justicia entre 2005 y 2011.
En su sentencia, de 117 páginas y con ponencia del magistrado Eloy Velasco, el Tribunal mantiene la condena impuesta en septiembre por la Sección Primera de la Sala Penal. Sin embargo, reduce la responsabilidad civil de Prada y otros acusados, fijando el pago de 10 millones de euros a la Comunidad de Madrid, en lugar de los 40 inicialmente establecidos.
Contratos irregulares y desvío de fondos públicos
La rebaja de la responsabilidad civil se debe a que los magistrados consideran que no todos los contratos cuestionados pueden calificarse como irregulares. De los 25 contratos del Campus de la Justicia por los que Prada fue condenado en primera instancia, la Sala de Apelación reconoce que 13 de ellos se alejaron del fin social del proyecto y sirvieron para fines de autopromoción, como publicidad y comunicación, en lugar de para la proyección y edificación pública.
Entre estos contratos destacan diversas campañas publicitarias con un coste de más de 5 millones de euros, el alquiler de una lona en el centro de Madrid, cobertura fotográfica y la creación de una revista digital, sumando un total de 10,3 millones de euros, aproximadamente el 25% del presupuesto del proyecto.
El fallo también confirma la pena de 3 años y 6 meses de prisión para Alicio de las Heras, director financiero del Campus de la Justicia, por prevaricación administrativa y malversación agravada. Por otro lado, el director general técnico Isabelino Baños y el director de Seguridad Andrés Gómez Gordo han sido absueltos del delito de malversación, aunque mantienen su inhabilitación por prevaricación administrativa.
En el caso del asesor jurídico del proyecto, Félix José García de Castro, la Sala reduce su condena de 3 años y 6 meses a 1 año y 6 meses de prisión. Mariano José Sanz Piñar, por su parte, queda absuelto.
La Audiencia Nacional denuncia un perjuicio evidente a la Administración
El Tribunal sostiene que los contratos adjudicados por Prada y sus colaboradores se realizaron sin transparencia ni competencia, con un «inequívoco propósito de arbitrariedad». La sentencia destaca que estos contratos fueron utilizados para autopropaganda en lugar de cumplir con el fin público de construir el Campus de la Justicia, causando un perjuicio evidente a la Administración.
Entre las irregularidades detectadas se menciona el fraccionamiento de pagos, la presentación de presupuestos de empresas vinculadas para evitar la competencia y la duplicidad de contrataciones para servicios ya adjudicados, como sonido o iluminación en exposiciones.
Malversación sin enriquecimiento personal
La defensa de Prada argumentó en su recurso que no hubo enriquecimiento personal por parte de los acusados ni de los adjudicatarios de los contratos. Sin embargo, la Sala de Apelación rechaza este argumento, subrayando que la malversación no requiere lucro personal, sino que se basa en el perjuicio a los fondos públicos y su desviación de los fines para los que fueron destinados.
El tribunal concluye que los acusados adjudicaron contratos «caprichosa y arbitrariamente», beneficiando a empresas seleccionadas sin criterios objetivos y destinando una parte significativa del presupuesto del proyecto a la autopropaganda en lugar de a la construcción de infraestructuras.