La Comunidad de Madrid registró en 2024 un incremento del 8,3% en las ejecuciones hipotecarias, rompiendo así la tendencia a la baja que mantenía desde 2022. Según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” publicado hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el pasado ejercicio se iniciaron un total de 2.204 procedimientos de este tipo en la región.
Además, el informe refleja un importante crecimiento en los concursos de acreedores, que aumentaron un 72,8% respecto al año anterior, alcanzando un total de 9.237. También se registró un alza del 16,4% en los lanzamientos practicados, con 2.756 casos, de los cuales el 86,17% se debieron a procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Madrid, entre las comunidades con más ejecuciones hipotecarias
El fenómeno de las ejecuciones hipotecarias no solo afectó a Madrid, sino que tuvo un impacto generalizado en España. Andalucía lideró el ranking con 5.519 ejecuciones, seguida de Cataluña (4.491), Comunidad Valenciana (3.403), Madrid (2.204) y Murcia (1.229).
Si se analiza el número de ejecuciones por cada 100.000 habitantes, la Comunidad de Madrid se mantiene por debajo de otras regiones como Murcia (78), Comunidad Valenciana (63,5), Andalucía (62,7), Cataluña (55,7) y Castilla-La Mancha (53,2).
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Aumento de los lanzamientos por impago de alquiler
En cuanto a los lanzamientos practicados, los datos muestran un ascenso del 16,4% respecto a 2023, alcanzando los 2.756 casos en Madrid. La gran mayoría, 2.375 lanzamientos (86,17%), se produjeron por impago del alquiler, mientras que 293 (10,63%) fueron consecuencia de ejecuciones hipotecarias y el resto se debió a otras causas.
A nivel nacional, Cataluña encabeza la lista con 7.381 lanzamientos (26,8% del total), seguida por Andalucía (4.027), Comunidad Valenciana (3.610) y Madrid.
Récord en concursos presentados
Uno de los datos más llamativos del informe es el fuerte aumento de los concursos de acreedores, que crecieron un 72,8% en Madrid en comparación con el año anterior. De los 9.237 concursos registrados, la mayoría (8.076, un 87,43%) fueron presentados por personas naturales sin actividad empresarial, con un incremento del 103,1%. En cambio, los concursos presentados por personas jurídicas bajaron un 8,4%, y los de empresarios individuales cayeron un 26,6%.
En términos absolutos, Cataluña registró el mayor número de concursos (14.034), seguida de Madrid (9.237), Andalucía (8.791) y Comunidad Valenciana (7.117).
Las demandas por despido crecen un 16,2%
El informe del CGPJ también destaca un aumento de las demandas por despido, que alcanzaron las 27.589 en Madrid, un 16,2% más que en 2023. En este aspecto, Cataluña lideró las cifras nacionales con 30.804 demandas, seguida de Madrid y Andalucía (27.014).
Asimismo, las reclamaciones de cantidad en los Juzgados de lo Social en Madrid crecieron un 7,1%, con 25.402 casos, solo por detrás de Andalucía (22.866) y Cataluña (16.525).
Crecen los procedimientos monitorios
Los procedimientos monitorios, utilizados para reclamar deudas dinerarias líquidas y determinadas, también experimentaron un notable incremento del 25,2% en Madrid, con 219.204 casos registrados. Este tipo de procesos representa el 19,1 % de los asuntos de esta naturaleza a nivel nacional. Solo Andalucía (173.384), Cataluña (155.549) y la Comunidad Valenciana (128.998) registraron cifras elevadas en este ámbito.
Descenso en los casos de ocupación ilegal
En contraste con los aumentos generalizados, los verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas. descendieron en Madrid un 13,5% respecto a 2023, con un total de 186 casos. Cataluña lidera esta estadística con 463 procedimientos (20,05% del total nacional), seguida de Andalucía (449) y la Comunidad Valenciana (391).
Un año marcado por la presión judicial
El informe del CGPJ pone de manifiesto el impacto de la crisis económica en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid, con un incremento generalizado en ejecuciones hipotecarias, concursos, despidos y reclamaciones económicas. Estas cifras reflejan una mayor litigiosidad en los tribunales y una presión creciente sobre las familias y empresas en un contexto de incertidumbre económica.
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