La semana pasada se celebró en el Congreso de los Diputados el debate sobre el estado de la nación y un servidor de ustedes tenía el interés de saber si la justicia, su administración, había ocupado algún lugar en el mismo; como es normal, no tuve ocasión de seguir el debate por lo que las noticias que sobre el mismo me habían llegado eran las referencias de la prensa y en ellas apenas se cita la justicia.
Este fin de semana he tenido tiempo de leer el discurso del Presidente del Gobierno y, en la página web del Congreso de los Diputados, las resoluciones aprobadas tras el debate.
La primera conclusión que he podido obtener es que, pese a mi inicial escepticismo, sí que se abordó el tema de la justicia, la segunda, que se hizo superficialmente y sin verdadera conciencia de hallarse ante un poder del estado, el judicial, que precisa de una clara reforma a fin de mejorar su funcionamiento.
Efectivamente el Presidente habló de la justicia y lo hizo en el apartado destinado a la regeneración democrática. Así, tras reconocer que no podemos permanecer impasibles cuando los ciudadanos señalan la corrupción como una de sus principales preocupaciones, destacó los esfuerzos que ha realizado su gobierno para un efectivo control de esa lacra de la democracia y tras señalar que el control es necesario, añadió que no era suficiente. Por ello dijo que debe haber una respuesta clara y contundente para aquellos comportamientos que incumplan la legalidad. Y, en este ámbito, señaló las medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción como el “tercer pilar del Plan de Regeneración Democrática”.
Tras señalar lo anterior el Presidente aclaró a qué se refería y dijo que la lucha contra la corrupción debe hacerse en el Código Penal, porque “tenemos que dotar de más efectividad las figuras penales existentes contra la corrupción, y, además, ajustarlas a la gravedad de estas conductas”. Y, reconociendo la insuficiencia a tal fin de la actual regulación legal, propuso la creación de nuevos tipos que completen los instrumentos penales de respuesta frente a la corrupción, como la financiación ilegal de los partidos políticos. Al tiempo, señalando que necesitamos más agilidad y eficacia en la actuación de los Tribunales de Justicia, indicó que también es imprescindible reformar la legislación procesal porque “la Justicia llega a todos por igual, pero es necesario que lo haga a tiempo, para que no sea ni una condena anticipada ni una forma de impunidad”, en lo que resultó una explícita alusión a la indeseable excesiva duración de nuestros procedimientos penales.
En el Congreso de los Diputados se está tramitando desde el mes de octubre del pasado año un proyecto de reforma del Código Penal donde se abordan, entre otras cuestiones, los tipos penales contra la corrupción que el presidente citó en su discurso; cuando se apruebe la reforma será la hora de valorar la suficiencia de esta como arma en la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, no ha llegado a las cámaras parlamentarias ningún proyecto para reformar la legislación procesal, medida que también fue señalada como necesaria por el Presidente. Duermen el sueño de los justos en algún cajón del Ministerio de Justicia dos proyectos para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuyo objetivo, de los dos proyectos, es precisamente dotar de mayor agilidad la justicia penal. Las razones por las que ninguno de ellos ha iniciado la travesía parlamentaria habrá que reclamárselas al Ministro de Justicia quien no ha dado hasta ahora ninguna justificación de tal retraso. Pero resulta imprescindible subrayar el hecho de que sin dotar de medios y modernizar la justicia cualquier reforma en el Código Penal tendrá menor trascendencia en el comportamiento de las personas.
Veremos que alcance tiene la 7ª resolución adoptada por el Congreso que, bajo el epígrafe Regeneración democrática y transparencia, en su apartado tercero “insta al Gobierno, con el fin de completar las iniciativas de regeneración que nuestro ordenamiento jurídico necesita, a que ponga a disposición de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados las medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción del Plan de Regeneración Democrática, para que puedan ser tenidas en cuenta con ocasión de la tramitación de la reforma del Código Penal que está en curso en la Cámara.” Siendo una resolución aprobada en el Congreso donde tiene mayoría absoluta el partido que sustenta al Gobierno sería esperable que de manera inminente se presentaran los proyectos de ley correspondientes (aunque soy pesimista a este respecto).
Decía que mi segunda conclusión era que el problema de la justicia se había tratado superficialmente. Y lo digo porque la cita de la justicia se hizo en el apartado destinado a la regeneración democrática, aunque no por razón de que sea la justicia la necesitada de regeneración democrática, la necesitada de regeneración es la actividad de los políticos y la de las administraciones por estos gestionadas.
Considero, en cambio, que, dado el estado actual de la administración de justicia, su deficiente funcionamiento afecta a toda nuestra sociedad. Cuando se necesita más de un año para echar de una casa a un inquilino que no paga, más de un año para enjuiciar cualquier delito en el que no hay conformidad del imputado, más de un año para obtener una sentencia de un juzgado contencioso-administrativo etc., es que la justicia no funciona adecuadamente, y vuelvo a citar las palabras del Presidente “la Justicia llega a todos por igual, pero es necesario que lo haga a tiempo”.
Así pues, es hora que la justicia ocupe un lugar propio en el debate sobre el estado de la nación, no como medio para alcanzar un objetivo (este año la lucha contra la corrupción), sino en el mismo nivel que en el discurso de este año del Presidente han tenido, por ejemplo, el plan sistemático para hacer frente a la crisis, la reforma fiscal, la reforma de las administraciones públicas, el empleo o la defensa de la constitución.
Porque el estado de nuestra justicia así lo reclama. La seguridad jurídica, una justicia ágil y competente son motores económicos tan relevantes como las medidas fiscales o las de fomento del empleo; las naciones más ricas son las que están dotadas de un mejor sistema judicial para la resolución de todos los conflictos que se producen en la vida en sociedad. Y, si aspiramos a estar en ese selecto grupo de naciones, necesitamos claramente mejorar el funcionamiento de nuestra justicia, lo que exige dotarla de mejores medios materiales, de más medios personales y de leyes procesales adecuadas.
Tomás Herranz Saurí
Fiscal Decano de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid