El Consejo de Ministros ha aumentado de tres a cinco días los 'moscosos' de los jueces, que serán agraciados también con un mes de permiso de paternidad. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, redujo a principios de legislatura de 18 a 12 los días de permiso de los jueces, lo que provocó la protesta de las cuatro asociaciones judiciales.
Sin embargo, el Gobierno ha aprobado ahora un proyecto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que devuelve algunos de los privilegios con los que contaban los jueces. Así, podrán disfrutar de cinco días de libre disposición.
A esos cinco días se suman otros nueve que pueden solicitar para estudiar causas de especial complejidad o resolver trabajo acumulado. En este caso necesitan una autorización, que solo puede denegarse cuando coincida con señalamientos, vistas, deliberaciones o las necesidades del servicio no queden cubiertas.
El Gobierno ha apostado así por acelerar la entrada en vigor de este cambio, sin esperar a que se tramite el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado hace unas semanas. Ese anteproyecto, que eliminaba los 'jueces estrella', todavía está en fase de informes y tiene por delante una larga tramitación.
La ampliación de la baja de paternidad, todavía en anteproyecto
En ese texto, el Gobierno incluye el derecho de los magistrados a disfrutar también de un permiso de paternidad de cuatro semanas desde la fecha del nacimiento o la decisión de la acogida o adopción. Sin embargo, el goce de esta medida no será inmediato al contenerse en un anteproyecto.
Este anteproyecto, que espera los informes de los órganos consultivos antes de aprobarse definitivamente por el Gobierno, contiene también la licencia de 20 días naturales que poseen los jueces para realizar estudios relacionados con su función.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evaluará esa memoria y si su contenido no es suficiente para justificar el permiso, se compensará con los días de vacaciones.
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes delegar en las comunidades autónomas con las competencias transferidas la gestión de la jubilación del personal al servicio de esta Administración y las prórrogas de permanencia en el servicio.
Además, ha suprimido la constitución obligatoria de los tribunales delegados para el acceso a los cuerpos de los funcionarios ya que en ocasiones han resultado ser «poco operativos e innecesariamente costosos, produciendo además un incremento de la litigiosidad».
Estos tribunales delegados territoriales se podrán seguir constituyendo cuando lo aconsejen las pruebas a realizar, el contenido de las funciones a desarrollar o el número de plazas convocadas, atendiendo siempre a criterios de racionalidad.