Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han pedido al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes Serrano, una reunión para abordar el aumento de procedimientos penales contra trabajadores y cargos sindicales derivados del ejercicio del derecho de huelga.
En sendas cartas enviadas este martes a Torres-Dulce y Lesmes, los líderes sindicales critican que, por regla general, el Ministerio Fiscal esté solicitando en dichos procedimientos penas privativas de libertad «excesivas y desproporcionadas», en algunos casos superiores a los tres años, y ello «a pesar de que en general no existen fenómenos de violencia ni se menoscaban bienes jurídicos relevantes».
Los dirigentes de CC.OO. y UGT subrayan que ni siquiera en los casos «muy excepcionales» donde se ha producido algún altercado se utilizan criterios de imputación basados en la participación personal de los acusados en los hechos, «sino en presunciones generales de atribución a los cargos sindicales de conductas de alguna persona concreta, sobre todo cuando no es identificada».
Para Toxo y Méndez, el caso más paradigmático de esta situación ha sido el de Airbus, donde el Ministerio Público pide para ocho trabajadores, casi todos ellos cargos y responsables sindicales «elegidos de forma arbitraria», penas que superan los ocho años de prisión.
Los líderes sindicales advierten de que se está utilizando como agravante de responsabilidad penal el ejercicio del derecho de huelga y reclaman que se preserve este derecho y el derecho fundamental de libertad sindical.
«El derecho de huelga es parte esencial de los derechos fundamentales y de las libertades públicas que rigen nuestro Estado social y de derecho y médula espinal de los derechos de orden público internacional», defienden en ambas cartas.
Asimismo, Toxo y Méndez demandan en sus escritos que se aclaren los criterios de intervención de la Fiscalía a la hora de formular estas acusaciones, ya que «parece actuar sin criterios definidos» en los conflictos derivados de una huelga y de la actuación de los piquetes informativos, generando así una «absoluta inseguridad» sobre la respuesta que puedan ofrecer los Juzgados.
Los dirigentes de CC.OO. y UGT denuncian además que cuando se trata de la protección del Derecho al Trabajo contra ataques a las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores «no se actúa con el mismo celo desde las instituciones».
Declaración de la ejecutiva de CC.OO.
La Comisión Ejecutiva de CC.OO. ha aprobado una declaración en la que denuncia la «criminalización» de los sindicatos y la «ofensiva penal» que se está produciendo en contra del derecho de huelga.
Según un informe de los servicios jurídicos de CC.OO., son 49 los procedimientos abiertos a 147 representantes y dirigentes del sindicato promovidos por la Administración del Estado y el Ministerio Fiscal.
En esta declaración, CC.OO. denuncia además el «silencio político y administrativo» que está acompañando a «esta campaña de intimidación» contra la actividad sindical y contra los representantes del sindicato