El Tribunal Constitucional registró durante el pasado año el doble de recursos de inconstitucional, pasando de 38 a 76 y lo mismo ocurrió con las cuestiones de inconstitucionalidad, que se triplicaron en el mismo periodo al pasar de 42 en 2012 a 106 en 2013. El importante incremento de este tipo de demandas ante este órgano trae como inmediata consecuencia la sobrecarga de trabajo del Pleno, que es el competente para su tramitación y resolución.
Así lo refleja la última Memoria hecha pública este miércoles por el tribunal de garantías, relativa a 2013, en la que también se aprecia que, por segundo año consecutivo, el número total de asuntos ingresados en el Tribunal ha experimentado un incremento. En 2013, llegaron 7.573 asuntos jurisdiccionales (279 más que en 2012), lo que supone un 3,82 por ciento más que en el ejercicio anterior.
Este aumento de la demanda de justicia constitucional confirma el cambio de tendencia que empezó en 2012, después de cinco años consecutivos de descenso, y se refleja en todos los procesos constitucionales.
Así, los recursos de inconstitucionalidad no han parado de crecer pasando de 9 en 2009 a los 76 del pasado año, y similar ha sido el aumento de otro tipo de recursos en el mismo periodo, como las cuestiones de inconstitucionalidad (de 35 a 106). Han descendido algo los recursos de amparo en ese mismo lapso de tiempo (de 10.792 a 7.376), mientras que los conflictos positivos de competencia se han mantenido (de 13 a 12).
Como viene siendo habitual, la inmensa mayoría de los recursos son los de amparo, que representan el 97,39 por ciento del total de asuntos de nuevo ingreso. De los 7.376 recursos de amparo registrados en el Tribunal Constitucional durante 2013, 7.037 fueron promovidos por particulares, 334 por entes públicos y los cinco restantes por el Ministerio Fiscal.
Revisiones de lo penal
Respecto a su origen, los más numerosos vuelven a ser los promovidos contra resoluciones dictadas en el orden jurisdiccional penal, que han experimentado un aumento con respecto a 2012. Durante 2013 ingresaron 3.272 recursos de amparo contra resoluciones penales (el 44,36 por ciento del total), frente a los 2.926 (40,16 por ciento) de 2012.
Los recursos planteados contra resoluciones del orden contencioso-administrativo han experimentado un descenso, aunque siguen constituyendo el segundo grupo más voluminoso. Los 2.308 de 2013 supusieron el 31,29 por ciento del total; en 2012 sumaron 2.508, un 34,81 por ciento.
Los recursos de amparo procedentes de la jurisdicción civil fueron 991, el 13,43 por 100; 293 procedieron de la jurisdicción social, el 3,97 por 100; y 40 de la jurisdicción militar, el 0,54 por 100. Fueron 13 los recursos de amparo frente a actos parlamentarios promovidos por el cauce delart. 42 LOTC, lo que representó un 0,17 por 100 del total.
Los derechos fundamentales cuya protección más reclaman los ciudadanos vuelven a ser los proclamados en el art. 24 de la Constitución (referido a las garantías procesales). En 2013, 5.914 recursos de amparo denunciaron la vulneración del art. 24, cifra que representa un 80,18 por 100 de las demandas.
El segundo lugar lo ocupa el derecho a la igualdad (art. 14 CE), que fue invocado en 1.013 demandas de amparo, es decir, en el 13,77 por 100 de los recursos. Los demás derechos fundamentales y libertades públicas fueron alegados en 1.608 demandas (22,77 por 100 de los recursos de amparo de nuevo ingreso).
Los promotores de los 76 recursos de inconstitucionalidad registrados en 2013 fueron, en su mayoría, los Gobiernos y Parlamentos autonómicos, que impugnaron normas estatales en 43 ocasiones. El Presidente del Gobierno interpuso 15 recursos de inconstitucionalidad, mientras que los 18 restantes los presentaron diputados y senadores.
A lo largo del año se presentaron 106 cuestiones de inconstitucionalidad. La mitad de ellas (46) fueron planteadas por los juzgados de los distintos órdenes jurisdiccionales; 5 por las audiencias provinciales; 38 por los tribunales superiores de justicia; 15 por la Audiencia Nacional y 2 por el Tribunal Supremo. El TC planteó dos cuestiones internas de inconstitucionalidad.
Durante 2013 se registraron en el Tribunal constitucional 44 recursos de inconstitucionalidad contra leyes del Estado y 21 contra leyes de las Comunidades Autónomas. Por Comunidades Autónomas, las que más recursos de inconstitucionalidad formularon contra leyes estatales fueron Cataluña (15), Canarias (10) y Andalucía (4).
Estas dos Comunidades encabezan también la lista de los conflictos positivos de competencia: la Generalitat planteó 6, el Gobierno de Canarias 3 y el décimo y último lo formuló el Gobierno del País Vasco (en total 10). El Gobierno de la Nación formuló dos conflictos positivos de competencia.
Durante 2013, el Tribunal Constitucional dictó un total de 6.665 resoluciones. De ellas, 219 fueron sentencias, 298 autos y 6.148 providencias. De las 219 sentencias, 129 fueron dictadas por el Pleno (85 en procesos de inconstitucionalidad, 35 en conflictos constitucionales y nueve en procesos de amparo previamente avocados al Pleno) y 90 por las Salas: 39 la Sala Primera y 51 la Sala Segunda. Del total de providencias, 5.884 fueron de inadmisión y sólo 264 de admisión.
Los datos referidos a las decisiones sobre admisión adoptadas en 2013 ponen de manifiesto un año más el elevadísimo porcentaje de inadmisiones a trámite: sólo el 2,27 por ciento de las decisiones del Tribunal dio lugar a la tramitación de los recursos para su posterior resolución por sentencia, mientras que el restante 97,73 por ciento supuso la inadmisión del recurso.
En 2013 el Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite 139 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales. Las Salas y Secciones, por su parte, admitieron a trámite 125 recursos de amparo e inadmitieron otros 5.506. El Tribunal resolvió en esa fase inicial el 74,64 por ciento de nuevos asuntos.
Pendencia
Al finalizar 2012, el Pleno tenía pendientes de sentencia 259 asuntos. Sensiblemente inferior a la registrada a finales de 2012 (con 302 asuntos admitidos y pendientes de sentencia), esta cantidad se desglosa del siguiente modo: 183 recursos de inconstitucionalidad, 27 cuestiones de inconstitucionalidad, 12 recursos de amparo avocados, 29 conflictos positivos de competencia, siete conflictos en defensa de la autonomía local y una impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas.
A los 259 asuntos pendientes de sentencia del Pleno hay que añadir 44 cuestiones de inconstitucionalidad y 13 conflictos positivos de competencia, todos ellos deferidos por el Pleno a las Salas y que, por lo tanto, penden ante ellas (19 cuestiones de inconstitucionalidad y cuatro conflictos positivos de competencia en la Sala Primera y 25 cuestiones y nueve conflictos en la Segunda). Al cerrar el año se encontraban pendientes de resolver sobre su admisión 4 recursos de inconstitucionalidad, 38 cuestiones y un conflicto positivo de competencia.
Los procesos de amparo pendientes de sentencia al finalizar el año sumaban 167. A los 12 recursos avocados por el Pleno ya mencionados, deben sumarse los 77 recursos de amparo pendientes de sentencia ante la Sala Primera y los 78 que pendían en la Sala Segunda.
En cuanto a los recursos pendientes de admisión, a finales de 2013 sumaban 3.738, una cantidad superior a la registrada en 2012, que se cerró con 2.895. Del total de 3.738 asuntos pendientes de admisión, 1.987 correspondían a la Sala Primera y 1.751 a la Sala Segunda.
Los datos de pendencia difieren según se refieran al Pleno, que desde 2009 mantiene una tendencia a la baja, o las Salas, donde el número de asuntos pendientes ha subido en el último ejercicio.