Los medios de comunicación no tienen reparos en hablar estos días de “las segundas elecciones de Kosovo desde su independencia” o de “la importancia de estas elecciones para su futuro ingreso en el Unión Europea”, insistiendo en su reconocimiento por más de cien Estados después de la declaración de independencia efectuada por su parlamento en 2008. Conviene hacer algunas precisiones sobre estas cuestiones para no confundir ni conceptos ni realidades.
Kosovo fue mientras existía la República Federal Socialista de Yugoslavia una de las dos provincias autónomas de Serbia, que a su vez era una de las seis repúblicas federadas de aquél Estado creado por el Mariscal Tito y la Liga de los Comunistas Yugoslavos. Pero durante los años del nacionalismo serbio más exacerbado del Presidente Milosevic (primero de la república yugoslava de Serbia y después de la nueva Yugoslavia serbomontenegrina) los kosovares de lengua albanesa y religión musulmana fueron perdiendo progresivamente primero su autonomía política y después sus derechos más elementales, al cerrarse las universidades, prohibir la educación y los medios en su lengua, expulsarles de la función pública, etc. Finalmente la rebelión liderada por el Ejército de Liberación de Kosovo fue duramente reprimida con la denominada Operación Herradura, en la que 40.000 soldados serbios y 300 tanques lograron controlar el territorio kosovar y provocar el desplazamiento forzoso de centenares de miles de personas de las principales ciudades en una auténtica operación de limpieza étnica, con sucesos como la matanza de Racak en enero de 1999. A finales de marzo de ese año la OTAN decidió unilateralmente, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, y ante el fracaso de las negociaciones en Rambouillet, bombardear Belgrado y las posiciones militares serbias. Meses después, en julio de 1999 Kosovo se convirtió en un protectorado internacional, gobernado por el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas con la asistencia de una misión civil de la ONU, la MINUK, y de una fuerza multinacional, la KFOR, ahora ya autorizada por el Consejo de Seguridad, que configuró el marco jurídico de la intervención internacional en la Resolución del Consejo de Seguridad 1244 de 10 de junio de 1999.
Aunque cuenta con órganos políticos autónomos desde 2001, Kosovo no es, sin embargo, un Estado, por la elemental razón de que para serlo hay que contar con tres elementos: gobierno, territorio y población. Y aunque cuenta con los otros dos, carece de un gobierno independiente, esto es, que ejerza competencias discrecionales sobre su población y su territorio, sin injerencias o dependencias de otros sujetos internacionales. En consecuencia, no es un Estado, al menos hasta que la autoridad internacional abandone el territorio.
¿Por qué entonces se habla de Kosovo como de un Estado? Por dos circunstancias mal entendidas fuera de los ámbitos jurídicos. La primera, que el 17 de febrero de 2008 su Parlamento realizó una declaración de independencia y que el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU manifestó en su opinión consultiva de 22 de julio de 2010 que dicha declaración no era ilegal conforme al Derecho Internacional. El dictamen del TIJ es un producto jurídico manifiestamente mejorable en el que se expuso que esas declaraciones no están reguladas en el ordenamiento internacional y que como las instituciones autónomas kosovares actuaron al margen de las competencias otorgadas en la Resolución 1244 no actuaron, en consecuencia, contra la legalidad internacional. Frustrante, por defecto. El alto tribunal de la ONU perdió una oportunidad de oro para precisar el contenido del derecho de libre determinación de los pueblos, más allá de las situaciones coloniales. En su lugar, hizo malabarismos injustificables para eludir este tema. Y lo peor es que algunos han utilizado esta inútil opinión del TIJ para concluir que si la declaración no es antijurídica, es legal y en consecuencia es válida. Pero no es así, porque confunden interesadamente su alegalidad con su eficacia. O dicho de otra forma, un Estado no se crea simplemente con una declaración voluntarista al efecto; que se lo pregunten a los proclamadores de la República Srpska (1992) o de la República Croata de Herzeg Bosnia (1993) no muy lejos de Kosovo. Hay que contar, como se ha dicho, con los tres elementos del Estado.
La segunda circunstancia es el reconocimiento de Kosovo como Estado por 108 países, entre ellos 23 de la Unión Europea. A este respecto hay que recordar que el reconocimiento de Estados es en el Derecho Internacional un acto político, discrecional y con efectos declarativos, no constitutivos. Lo que significa, volviendo al mantra de este artículo, que o bien una entidad tiene de hecho los tres elementos citados, o no es un Estado, por mucho que sea reconocido como tal por cien países, porque es una cuestión netamente de efectividades.
Cuestión muy distinta es si el pueblo albanokosovar puede ejercer su derecho a la libre determinación y convertirse, si así lo decide, en un nuevo Estado. De momento el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha optado por obviar todas las circunstancias que en 1999 lo justificaban conforme a lo establecido al respecto en la Resolución 2625 de 1970 de la Asamblea General, según la cual pueden ejercerlo los pueblos que son discriminados. En su Resolución 1244 estableció como inquebrantable la integridad territorial de Serbia. Veremos en los próximos meses si por vía de los hechos Kosovo se convierte en un Estado, pues bastaría con olvidarse de esa resolución y dejar el territorio en manos de sus habitantes y fuera del control de Belgrado.