El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia la posibilidad de proponer medidas de apoyo para los jueces que instruyen casos de corrupción, con el fin de agilizar estos procesos, según ha dicho su presidente y presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
Lesmes ha subrayado que hay que dotar al juez «de aquello que necesite» porque, en el modelo español, el instructor es sólo uno, al contrario de lo que existe en otros países donde el encargado es el fiscal, que cuenta con «más recursos» ya que puede usar la ayuda de más fiscales.
En todo caso, en declaraciones a 'Los Desayunos de TVE', ha dicho que las medidas que proponga el CGPJ serán respetuosas con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que la instrucción está en manos de un juez. Con todo, cree que se puede aliviar al instructor «de otras cargas de trabajo» para que se pueda dedicar «en exclusiva» y establecer «mecanismos ágiles» porque la dilatación de los procesos produce «desánimo» entre los ciudadanos.
Es más, Lesmes ha admitido que hay determinados delitos en cuya instrucción se tarda «demasiado tiempo» pero ha dejado claro que muchas veces es «por la propia complejidad de la investigación criminal».
A su juicio, la Justicia tiene que mejorar fundamentalmente «los tiempos de respuesta» porque la respuesta tardía «no es Justicia o es una mala Justicia». Eso sí, ha recalcado que, según las últimas encuestas, el aprecio de los ciudadanos a los jueces ha subido «exponencialmente».
Sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la posibilidad de limitar que los jueces hagan declaraciones sobre causas pendientes, Lesmes ha reconocido que es una de las cuestiones «más discutidas» del anteproyecto de ley y ha explicado que, en su informe, el CGPJ trata de encontrar «el punto de equilibrio».
«Hay situaciones donde no se puede interferir en la independencia del juez que está tramitando un determinado asunto, pero también existe la libertad de expresión y que los jueces y sus asociaciones judiciales en determinadas situaciones deben poder manifestar opinión», ha explicado. El CGPJ aprobará su informe sobre la reforma de la LOPJ el próximo 26 de junio.
La imparialidad deriva en que el CGPJ se compone por 21 miembros
Respecto a la opinión del CGPJ sobre la reforma de la Justicia Universal, se ha remitido al informe del 26 de junio. Por otro lado, ha recordado que el Tribunal Supremo se va a pronunciar un recurso de casación interpuesto por el fiscal contra la decisión de la Audiencia Nacional de excarcelar a varios narcotraficantes detenidos en alta mar.
El Supremo, ha dicho, determinará si la reforma debe «dar lugar a esas excarcelaciones o por el contrario hace una interpretación distinta a la que ha realizado la Audiencia Nacional y considera que estas personas deben ponerse a disposición de los países de origen».
Preguntado por la opinión de una parte de la sociedad que pone en duda la independencia de los jueces con la política, ha asegurado que los jueces en España son «independientes» y que existen los mecanismos suficientes para garantizarlo. «Tengamos en cuenta que los procesos están llenos de garantías, no hay sólo un solo juez, siempre hay recursos donde intervienen otros jueces», ha dicho.
Ante quienes le reprochan haber participado en el borrador del anteproyecto de ley del Poder Judicial, ha aclarado que él formó parte de una «comisión institucional» que elaboró un borrador, no el anteproyecto. En todo caso, ha señalado que la imparcialidad deriva en que el CGPJ se compone por 21 miembros, aunque ha aclarado que pretende actuar con plena imparcialidad y que acepta las críticas.