El nuevo presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ha reclamado que el tribunal asuma «todos los casos de corrupción» en los que, como en la causa en la que se investigan las irregularidades en el Instituto Nóos, se persigan delitos que hayan provocado «un grave daño» a la Hacienda Pública o en los que estén imputados «dos o más personajes públicos».
«No sólo es el 'caso Nóos'. En todos los casos de corrupción en los que haya grave daño a la Hacienda Pública o estén imputados dos o más personajes públicos podría ser la sede sensata la Audiencia Nacional porque debe tener más medios y mayor facilidad de enjuiciamiento», ha señalado Navarro en su primera comparecencia ante los medios de comunicación desde que tomara posesión del cargo el pasado 9 de mayo.
El nuevo presidente de la Audiencia Nacional, que sucede a Ángel Juanes tras su nombramiento como vicepresidente del Supremo, también ha destacado el «difícil encaje» en el tribunal que podría tener la instrucción colegiada de tres magistrados que contempla el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que fue aprobado por el Gobierno en abril pasado.
A su juicio, la instrucción colegiada es «complicada» en su funcionamiento y sólo sería «entendible y defendible» si la instrucción recayera en el fiscal. «La mejor manera de que funcione esa colegiación sería si se constituyera como un órgano colegiado que resuelve sobre las injerencias en los derechos de los imputados y las garantías constitucionales», ha señalado antes de considerar «complicado» que tres magistrados tengan que pronunciarse sobre cada diligencia de instrucción.
Cuerpo de peritos
De igual modo, ha destacado la necesidad de que el tribunal cuente con un cuerpo de peritos propio ante la «dificultad» que ahora mismo tienen los jueces instructores para recabar informes sobre las causas que investigan de expertos en materia contable y auditoría.
El nuevo presidente ha apostado, además, por la «digitalización íntegra» de los tres órdenes civiles comenzando por el Contencioso-Administrativo, el Social y finalmente el Penal para que a medio plazo «desaparezca el papel» de la Audiencia Nacional y con él «las imágenes de abogados, magistrados y fiscales arrastrando maletas».
Navarro, que no se ha querido pronunciar sobre la limitación de la justicia universal por ser un asunto que tendrá que ser resuelto por el Supremo y el Constitucional, también ha apostado por la inclusión como cuarta jurisdicción de una Sala Civil de la Audiencia Nacional que se ocupe de asuntos de cooperación internacional como la ejecución de sentencias extranjeras en España, la tramitación de las acciones colectivas de consumidores y usuarios, o la investigación de las cláusulas abusivas de las hipotecas.
Además, ha asegurado que una de sus «principales prioridades» al frente del cargo será la tramitación de las 300 causas sobre asesinatos de la banda terrorista ETA cometidos en los últimos treinta años que siguen sin resolverse.