El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido este miércoles en el Pleno del Congreso la figura del aforamiento porque no supone ningún «privilegio»; su política de indultos, porque sólo ha concedido un 3 por ciento de las solicitudes; y la limitación a la justicia universal» porque «ningún país del mundo puede ser gendarme universal».
El titular de Justicia ha respondido así al diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, quien ha dedicado su interpelación a 'echar por tierra' buena parte de las reformas que en materia judicial ha emprendido su Ministerio, que a su juicio recortan derechos y libertades.
Entre otras cuestiones, el diputado valenciano ha criticado que España ostente el título de ser el país democrático del mundo con mayor número de aforados, en torno a 10.000, y que ahora a esa cifra se vaya a sumar los del Rey don Juan Carlos y parte de su familia, así como la «opacidad» y «arbitrariedad» en los indultos concedidos, entre los que le ha citado el del guardia civil, hijo de un concejal del PP, que grabó una agresión sexual y se mofó de la víctima.
De la misma forma, Baldoví ha cargado contra la decisión del PP de poner límites a la justicia universal, lo que ha provocado que diversos narcotraficantes «estén saliendo a la calle», la «criminalización» de la protesta ciudadana, las tasas judiciales «abusivas» o la reforma del aborto, «tan innecesaria como impopular».
Los aforamientos benefician a las instituciones
En su turno, el ministro ha reiterado que el aforamiento no supone un «privilegio» —de hecho, ha subrayado que sus beneficiarios no tienen derecho a una segunda instancia— y que no es una figura jurídica que beneficia a los aforados, sino a las instituciones.
Además, Alberto Ruiz-Gallardón ha recalcado que de los 10.000 aforados que hay en España, 7.000 son jueces, magistrados y fiscales, y que su supresión podría suponer la interrupción de la acción de la justicia.
También ha salido en defensa del aforamiento 'exprés' del Rey y de buena parte de su familia aprovechando una reforma puntual de la Ley del Poder Judicial apuntando que ésta es una decisión «en beneficio de la dignidad de España y sus instituciones» y no de Don Juan Carlos.
Respecto de los indultos, Gallardón no se ha referido el caso del guardia civil que le ha mentado Baldoví. Tan sólo se ha limitado a destacar que no ha sido un Gobierno del PP, sino uno socialista, el que suprimió la necesidad de motivar la concesión de esta medida de gracia.
Y, en este punto, ha subrayado que este Gobierno sólo ha concedido 166 indultos en casi dos años de mandato, tan sólo un 3 por ciento de los solicitados en un país donde se tramitan ocho millones de asuntos.
Justicia universal no es igual a la impunidad
Sobre la restricción a la justicia universal, el ministro ha aclarado que esta decisión no trae consigo ningún tipo de impunidad, sino que lo que persigue es cada conducta sea juzgada por el órgano jurisdiccional más adecuado porque «ningún país del mundo puede ser gendarme universal».
«Cuando se dice que un tráfico de drogas realizado en alta mar entre un mexicano y una canadiense con destino a Puerto Rico y procedente de Colombia no puede ser juzgado por un tribunal español, no se dice que no haya un juicio de reproche, sino que esas personas tienen que ser puestas a disposición» de los tribunales correspondientes, ha dicho, a modo de ejemplo.
Durante su alocución, Gallardón también ha aprovechado para echar en cara al representante de Compromís-Equo que utilice el «desapego» y la «desconfianza» de los ciudadanos hacia la política y las instituciones para tratar de sacar réditos electorales.
Baldoví le ha devuelto la pelota al ministro remarcando que ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy el que ha pensado en el interés electoral al «ocultar» su reforma de la ley del aborto, un asunto en el que Gallardón no ha entrado en ninguna de sus dos intervenciones.