El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves incluir en su informe sobre el Anteproyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) la supresión de los planes de Justicia para instaurar una doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal Supremo y una petición al Gobierno para que, además de los tribunales de instancia provinciales, no cierre la posibilidad de abrir juzgados en aquellos lugares donde concurran circunstancias geográficas o de trabajo singulares.
El órgano de gobierno de los jueces, reunido desde las 10.00 horas de este jueves, ha suspendido sus deliberaciones diez horas después —los vocales renunciaron a su hora de comida y mandaron que les subieran unos bocadillos— para continuar discutiendo el dictamen que deben emitir sobre el Anteproyecto de Justicia, que tiene más de 600 artículos y supondrá la implantación de un nuevo modelo de estructura judicial.
Al inicio de la reunión, el CGPJ rechazó sendas enmiendas a la totalidad defendidas por un total de ocho vocales de este órgano en las que se instaba a pedir al Gobierno la retirada del Anteproyecto por considerar que choca gravemente con mandatos Constitucionales como los que establecen la independencia judicial. Una de ellas fue defendida por seis vocales progresistas y la segunda por los dos nacionalistas.
El texto firmado por Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo Muelas, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda sólo ha obtenido el voto de estos vocales, mientras que otros diez se han posicionado en contra de su contenido. Los consejeros Mercé Pigem (designada a propuesta de CiU), Enrique Lucas (por el PNV), el conservador Rafael Fernández Valverde y los designados por el PSOE Mar Cabreras y Álvaro Cuesta han votado en blanco.
Tampoco ha salido adelante la enmienda a la totalidad de Pigem y Lucas, que sólo ha obtenido votos a favor, el voto contrario de los diez vocales que integran el denominado «bloque conservador» y 9 en blanco —los firmantes de la primera enmienda, Cabreras y Cuesta—.
Después ha comenzado el debate de las enmiendas parciales y ha aprobado varias, presentadas por los vocales Mercè Pigem, Enrique Lucas, Wenceslao Olea y Nuria Díaz, que piden la supresión de la doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal Supremo prevista en el Anteproyecto.
Las enmiendas, que se hacen eco de las reflexiones que sobre esta cuestión realizó la Sala de Gobierno del propio Tribunal Supremo en el informe que le fue solicitado por el CGPJ, han recibido 20 votos a favor y uno en contra.
También se ha aceptado una enmienda registrada por los vocales Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas en la que se propone la creación de Tribunales Provinciales de Instancia en ciudades que no sean capitales de provincia siempre que concurran circunstancias geográficas, demográficas, territoriales, socioeconómicas, de volumen de litigiosidad o de carga de trabajo extraordinarias. Esta enmienda ha obtenido 7 votos a favor, 6 en contra y 8 en blanco.
Cuesta y Cabrejas, junto a los también vocales Mercè Pigem y Enrique Lucas, han conseguido asimismo el respaldo del pleno para que se abra una reflexión sobre la posibilidad de crear tribunales de base como modelo de Justicia de proximidad o primer escalón de la estructura judicial.
Enmiendas rechazadas
Entre las enmiendas que se han rechazado, figuran una de Fernando Grande-Marlaska que solicitaba ampliar las competencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (5 votos a favor, 4 en blanco y 12 en contra) y otra de Mercè Pigem y Enrique Lucas que pedía que el conocimiento de lenguas cooficiales se considere como requisito y no como simple mérito para la provisión de plazas judiciales (4 votos a favor, 15 en contra y 2 en blanco).
También se han rechazado varias enmiendas —formuladas por Álvaro Cuesta, Mar Cabrejas, Mercè Pigem y Enrique Lucas y que se han votado de forma conjunta— relativas a los Consejos Autonómicos de Justicia (9 votos a favor y 12 en contra).
El informe que este órgano consultivo debe emitir respecto de la propuesta presentada por el Gobierno incluye entre otras sugerencias la revisión del aforamiento para cargos en los que esta prerrogativa no está incluida en la Constitución y fuertes críticas a novedades como la instrucción por tres jueces para todas las causas que lleva la Audiencia Nacional o se clasifiquen como de especial complejidad en otros órganos judiciales.