Seis vocales que forman parte del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial han presentado un escrito en el que muestran su preocupación por las imputaciones que el fiscal del caso «Nóos», Pedro Horrach, ha vertido contra el juez José Castro en su recurso contra el mantenimiento de la imputación de la Infanta Cristina en la causa. Quieren que este órgano exija al Ministerio Público respeto y la lealtad institucional «debidos» a la labor de jueces y magistrados.
El escrito, se estudia en la reunión que la Comisión Permanente del CGPJ celebrará a partir de las 17.00 horas y está firmado por los vocales Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.
En él, los vocales muestran su preocupación por las imputaciones que el fiscal realiza al juez de Palma José Castro en el recurso contra la incoación de procedimiento abreviado en el caso Nóos. Piden que la Permanente manifieste la necesidad de que las partes, en cualquier proceso, mantengan el respeto y la lealtad institucional debidos y se cuiden de no desacreditar la labor jurisdiccional de jueces y magistrados.
Los vocales, todos ellos designados a instancias del PSOE con excepción de Sáez, que lo fue por IU, muestran su preocupación por expresiones tales como que el juez toma como base de la instrucción, el «pilar inicial» de la «certeza absoluta» de la culpabilidad de la infanta; o que tenía «el puerto de destino determinado antes de iniciar la investigación», con meras conjeturas, contaminadas, y con relegación de «los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia».
Igualmente consideran inapropiadas expresiones vertidas por el fiscal anticorrupción balear como la que señala que Castro construye una causa al modo de «prospección general» en una «expedición de pesca, gratuita e inútil», ha ejecutado una «instrucción inversa, presidida por un credo y no por la sana guía de la «duda» y ha asumido «el rol de la parte acusadora», perdiendo su función constitucional.
También critican que el fiscal Horrach diga que el juez persigue «conductas atípicas»; que mediante un «recurso 'taimado', una vía de escape a una espiral inquisitiva alimentada de meras sospechas», o que criminaliza acciones que por «sus circunstancias, características e intensidades son inocuas», desnaturalizando así la Jurisdicción y «sirviéndose de la misma».
Rebasan su función constitucional
Para este grupo de vocales del CGPJ, «desde la consideración de que todas las partes en el proceso gozan de un amplio margen para discrepar de las resoluciones judiciales y que el derecho constitucional de defensa garantiza en todo caso para mostrar el desacuerdo con las mismas», debe subrayarse que las expresiones de Horrach «podrían rebasar su función constitucional en defensa del interés general y exceden los legítimos márgenes argumentales de los medios jurídicos de impugnación».
Consideran que las valoraciones antes señaladas son de «índole personal» y susceptibles de «desmerecer la confianza de la sociedad en sus juzgados y tribunales», ya que pueden generar en la ciudadanía «una grave sospecha de falta de imparcialidad en la labor que realizan a diario jueces y magistrados; en suma, de minar la confianza pública que debe inspirar en todo momento la actuación del Poder Judicial».
Añaden que corresponde al CGPJ la defensa de la independencia de los jueces y por ello solicitan que la Comisión Permanente se pronuncie de forma pública sobre esta cuestión, manifestando la «necesidad de que las partes en todo tipo de proceso y todas y cada una de las actuaciones procesales mantengan el respeto y la lealtad institucional debidos, y se cuiden de no desacreditar la labor jurisdiccional de jueces y magistrados».
El pasado viernes, el propio titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha emplazado al fiscal anticorrupción Pedro Horrach a interponer «una querella por prevaricación» si «cree lo que escribe» en el recurso que presentó contra el auto por el que el magistrado puso fin a la instrucción del caso Nóos.