La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha archivado definitivamente la querella presentada por el partido Soberanía contra el Rey Juan Carlos y el expresidente del Gobierno Felipe González, entre otros, por su presunta participación en la denominada 'trama civil' del golpe de Estado del 23-F, informaron fuentes jurídicas.
En un auto, los magistrados Concepción Espejel, Julio de Diego y José Ricardo de Prada rechazan «que existan elementos mínimamente fiables y verosímiles» que permitan entablar una investigación criminal.
«Sin implique descalificar el libro de la periodista Sra. Urbano, ni a su autora, pero la Sala no puede admitir de ninguna manera que el relato novelado que contiene en la publicación sea tenido como material indiciario suficiente», asegura el auto.
La querella, que se sustenta en el relato del 23-F que realiza la escritora Pilar Urbano en su libro 'La gran desmemoria', también está dirigida contra el exdiputado socialista Enrique Múgica y el antiguo político del Partido Comunista de España (PCE) Ramón Tamames. En la ampliación se incluyó un facsímil del documento que firmó el Rey para comunicar su abdicación.
La Sección Segunda considera, además, que los hechos denunciados han prescrito. Asegura que este hecho impide «absolutamente» no sólo de una pena sino que también de la instauración de un proceso penal.
No hay inicios delictivos
La Sección Segunda confirma así la decisión tomada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, que rechazó la acción penal interpuesta argumentando que no existen indicios delictivos en la actuación de los querellados y que, en todo caso, el delito de rebelión que se atribuye habría prescrito.
«En lo que se refiere a la inviolabilidad de la figura del Rey, hasta que las Cortes Generales no aprueben la Ley Orgánica que regule la abdicación del Rey Juan Carlos I, su situación institucional y procesal no se ha modificado», señalaba el juez.
La Fiscalía pidió el rechazo «de plano» de la querella destacando su «inconsistencia y falta de entidad jurídica» así como el hecho de que el 23-F fue juzgado y que los supuestos delitos que se pretenden ahora investigar estarían prescritos al haber transcurrido «más de 20 años desde que acaecieron».
La querella sostenía, a partir de lo publicado por Pilar Urbano, que el juicio del 23-F fue «cerrado en falso» y constituyó «una gran estafa al conjunto del pueblo español», ya que existió una trama civil «desapercibida» e «impune» que estaba formada por «personajes muy importantes del régimen bipartidista».