Todas las asociaciones judiciales, salvo la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, han anunciado que llevarán a cabo medidas de protesta si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no retira la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que elimina los jueces 'estrella' y «amordaza» a los magistrados para que no valoren los casos de actualidad en los medios de comunicación.
Las asociaciones Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente han hecho este martes una crítica valoración al anteproyecto de ley y a la futura «privatización» del Registro Civil, al tiempo que han lamentado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya actuado como «correa de transmisión» de los partidos políticos y no en defensa de los intereses de la judicatura y los ciudadanos.
«Es una reforma muy negativa que forma parte del 'estilo Gallardón', que consiste en generar actuaciones improvisadas, poco rigurosas técnicamente, que no resuelven los problemas reales y que solo sirven para proyectar su imagen pública», ha denunciado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD).
Bosch también ha emplazado al presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, a aclarar si participó en la redacción de los primeros borradores de la Ley del Poder Judicial de Gallardón porque, de ser así, tendría que haberse abstenido en el informe del CGPJ al respecto.
Las organizaciones de jueces y magistrados han cuestionado así las principales medidas del anteproyecto. En concreto, han advertido de que los tribunales colegiados «estancarán» la investigación de la corrupción política o la delincuencia económica y harán imposible la instrucción de casos como los ERE o Nóos en las condiciones actuales.
«Se convierte a los juzgados en el camarote de los hermanos Marx. Es un intento de boicotear la instrucción de casos sensibles», ha indicado el portavoz de Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, mientras que el representante del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, ha considerado que se está produciendo una «involución democrática en la Administración de Justicia».
Todos han arremetido contra la 'mordaza' a jueces y sus asociaciones. «El Gobierno pretende que haya unos jueces silenciosos, aislados de la sociedad y manda el mensaje de que tienen que estar calladitos en sus casas o en sus despachos poniendo sentencias», han dicho.
«Una reforma en barbecho»
Por otra parte, se han mostrado a favor de reformar la organización judicial que fue diseñada en 1870, pero han enfatizado que esto no significa su supresión. A su juicio, el mapa de juzgados establecido en el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial supone una «reforma en barbecho» puesto que no ha venido acompañada de una memoria económica y la Ley de Planta y Demarcación necesaria para implementarla se ha dejado para otra legislatura.
«Es una ley en barbecho que lo único que puede producir son perjuicios para los ciudadanos», ha indicado Sexmero, antes de criticar que se suprima a los jueces decanos y las juntas de jueces basados en la elección democrática por parte de los magistrados a favor de un «sistema presidencialista al gusto de Gallardón».
En este contexto, han criticado que el último Consejo General del Poder Judicial es «la punta del iceberg» en la politización de la Justicia, estando «teledirigido por el Gobierno» con vocales que están dentro de la «correa de transmisión de los partidos políticos» y no defienden los intereses profesionales de la Carrera. «El presidente se ha convertido en el verdadero órgano director que hace y deshace», ha remachado Sexmero.
Asimismo, las asociaciones judiciales han advertido de que la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo dará lugar a que el Derecho «se encorsete» y se vea abocado a la «parálisis». Además, se han opuesto al sistema de selección basado en que los jueces deban superar una «nueva oposición» para ostentar determinados cargos judiciales porque «no es compatible con una carrera horizontal».
Para las asociaciones, el Gobierno desapodera de competencias a los jueces y le va «aislando en un despacho sin conexión con la Oficina Judicial y la sociedad». Además, han subrayado que dificilmente se mantendrá la gratuidad del Registro Civil.