El Tribunal Supremo ha ordenado a la Administración General del Estado (AGE) que publique la relación de puestos de trabajo que tiene fuera de España, como pedía el sindicato UGT en la demanda que ha motivado esta decisión.
El Gobierno nunca ha hecho pública una lista detallada del personal que tiene desplegado en el exterior, en la que se precise cuánto gana cada uno haciendo qué funciones. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, incluso reconoció el año pasado que el Ejecutivo desconocía cuántos funcionarios e inmuebles tenía fuera de España.
Se refería a que hasta la fecha nadie se había preocupado de poner en conjunto todos esos datos, pues evidentemente cada Ministerio sí conoce qué efectivos tiene trabajando para sí fuera de España. Ahora bien, según denuncia UGT, el sindicato ha pedido esta relación de puestos de trabajo (incluyendo cuánto gana cada trabajador haciendo qué funciones) a cada departamento de forma individual sin que haya recibido esta información.
Esta falta de transparencia llevó a UGT a presentar en 2012 una demanda en los tribunales, según ha relatado su secretario general para trabajadores en el exterior, Antón Obieta.
La Audiencia Nacional le dio ese mismo año la razón al sindicato y obligó a la Administración General del Estado a publicar la relación de puestos de trabajo en el exterior, incluyendo al menos la ubicación del empleo, la categoría o grupo profesional, el número máximo de dotaciones, la retribución máxima anual y la divisa en que se paga el empleo.
No habrá indemnización para UGT
La Audiencia, en cambio, rechazó la pretensión del sindicato de reclamar a la Administración que le pagara una indemnización de 600 euros por cada día que pasara sin publicar la información solicitada.
La Abogacía del Estado recurrió la sentencia de la Audiencia, pero el Tribunal Supremo ha desestimado la apelación y en una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press ha confirmado la decisión de la Audiencia.
Lo cierto es que la nueva Ley de la Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado, impulsada por Margallo y que está en vigor desde finales de marzo, también obliga al Ejecutivo a publicar antes de finales de septiembre un informe sobre la situación de los inmuebles y de los medios materiales y personales que tiene en el exterior.
Sin embargo, la sentencia del Supremo es más específica pues ordena que se hagan públicos los sueldos y la categoría profesional asociados a cada puesto de trabajo.
Obieta ha asegurado que la intención que perseguía UGT al presentar esta demanda es conocer si «España respeta» las normas sobre derechos de los trabajadores, para garantizar entre otras cosas que no se produzcan discriminaciones entre hombres y mujeres o se cobre más o menos en función de la nacionalidad.
El dirigente sindical ha denunciado que el servicio exterior español es en la actualidad «un caos» y que en muchas ocasiones sus trabajadores están sometidos al «arbitrio» de las decisiones de sus superiores.