El ministro de Hacienda elevará el mínimo exento de tributación en las indemnizaciones por despido de 2.000 euros, que afectaría a rentas de hasta 20.000 euros brutos anuales, y ha «desechado» otras alternativas, como eliminar la deducción en el Impuesto de Sociedades por el pago de indemnizaciones al considerar que «podía ser más perjudicial». La nueva cifra se conocerá en el plazo aproximado de una semana.
Así lo ha indicado el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, en rueda de prensa tras reunirse, junto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y los presidentes de CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme, Jesús Terciado.
Según ha señalado Ferre, la elevación de ese mínimo exento es el «punto en común» que han alcanzado todas las partes y que todas han considerado «conveniente». Ahora hay que «analizar el impacto recaudatorio» de los diferentes umbrales que se puedan manejar. Ferre no ha adelantado, sin embargo, si esta nueva cifra se acercará más o menos al mínimo de rentas anuales de 180.000 euros que rigen en el caso del País Vasco y Navarra.
Ferre ha comentado también que el Gobierno tiene en mente hacer una ponderación de manera que las personas con un mayor número de años trabajados cuenten con una mayor exención. «Computar euros por año trabajado va a hacer que las personas con más edad tengan más cantidad de indemnización que va a quedar exenta», ha dicho.
Así, ha señalado que «el elemento de la edad va a ser muy importante», porque «las personas más mayores van a tener un tratamiento más beneficioso».
La aprobación definitiva, el 25 de julio
Finalmente, el secretario de Estado de Hacienda ha desvelado que el proyecto de Ley de reforma fiscal podrá aprobarse en el Consejo de Ministros «tendiendo más hacia el 25 de julio».
Dicho esto, ha insistido en que la tributación de la indemnización por despido «no es ni mucho menos el elemento más importante de la reforma fiscal siendo un elemento de trascendencia porque puede afectar a muchos contribuyente».
Por su parte, el secretario de CC.OO., había desvelado poco antes que las partes han quedado en seguir hablando «del conjunto de los elementos de la reforma fiscales y en que a finales de esta semana o principios de la próxima harían una nueva propuesta» sobre la tributación de la indemnización por despido.
El líder de CC.OO. también ha indicado que en la reunión se ha abordado el régimen de tributación que rige en País Vasco y Navarra, aunque ha añadido que «no tiene por qué ser esa la referencia».
Por su parte, Méndez ha indicado que «el Gobierno es consciente de que el planteamiento (de la medida) es inadecuado e injusto». En este sentido, ha considerado que estas indemnizaciones «no se deberían considerar una renta, porque es una pago por la pérdida de un derecho».
Además, ha insistido en que esta opción «tampoco es el remedio para erradicar prácticas abusivas» en empresas que pactan 'retiros de oro' y supondría unos ingresos de adicionales de unos 137 millones de euros, cifra que desde Hacienda se considera inferior a la que realmente se obtendría.
En cualquier caso, Toxo ha asegurado que la reforma fiscal «es la reforma más importante que tienen pendiente el país» y ha señalado que de ella «se debería esperar suficiencia de ingresos para enfrentar esta fase de la crisis, el sostenimiento del modelo social y equidad en el reparto de las cargas fiscales».
Asimismo, el secretario general de CC.OO. ha explicado que los dos retos del Gobierno son la creación de empleo y «la protección de las personas» y que la protección por desempleo ha caído en 20 puntos desde el inicio de la crisis, desde el 80% al 59%. En este sentido, ha expresado que sería necesario aprobar medidas que permitieran «de forma inmediata» conseguir recursos por valor de al menos 6.000 millones de euros.
Por último, Méndez ha recalcado de nuevo que para los sindicatos esta reforma fiscal debería cumplir con condiciones que pasan por un aumento de recaudación, por equilibrar el reparto de la carga tributaria y por servir para la reactivación económica y el aumento del consumo con la rebaja del IVA de productos de primera necesidad.