El Ministerio de Justicia ha aprobado una resolución en la que incluye la gestión de las tasas judiciales en el plus de productividad que cobran los secretarios judiciales. El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha denunciado que se utilice como un aliciente para aumentar la recaudación y ha pedido a los empleados renunciar a este complemento salarial por «dignidad profesional».
En la resolución, el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón incluye varios indicadores que miden la actividad de los fedatarios públicos, entre los que cita el número de tasas judiciales gestionadas durante cada periodo de servicio, para computar en la liquidación de productividad.
El secretario general de la Administración de Justicia, Joaquín Silguero, firma la resolución de fecha del 1 de julio, que será de aplicación a las autoliquidaciones correspondientes al segundo semestre del año y sucesivas. El Ministerio defiende que es de «especial interés» actualizar los criterios de productividad a la vista de la experiencia acumulada desde la aplicación de la anterior resolución de 2010.
Las tasas se incluyen entre los indicadores estratégicos, que miden actividades propias de los secretarios que, sin ser las principales del juzgado, se reconocen por «implicar un gravamen añadido a las funciones habituales» y que en ningún caso superarán el 25 por ciento de la cuantía asignada a cada grupo profesional.
En Tribunales Superiores de Justicia puede llegar al 12,5 por ciento de la productividad y en algunos juzgados de primera instancia puede alcanzar el 5 por ciento, en materias de lo mercantil, familia o violencia sobre la mujer.
Premio a cambio de expulsar al ciudadano de la justicia
El portavoz del SISEJ, Rafael Lafuente, ha denunciado que esta actividad guarda más relación con el Ministerio de Hacienda que con el departamento de Justicia y supone «un menosprecio para el secretario judicial, que no está para gestionar tributos. «Lo están otros funcionarios. El Ministerio de Justicia nos da funciones residuales y recaudatorias ajenas a nuestra función», ha añadido.
«No se puede premiar a nadie para intentar expulsar al ciudadano de la Justicia», ha advertido Lafuente, que ha criticado la «política agresiva» del departamento de Gallardón con el ciudadano, como evidencia la notable subida de las tasas judiciales para acudir a los tribunales. «Es como la zanahoria de la política del palo y la zanahoria», ha agregado.
El SISEJ, que explica que la liquidación tendrá lugar en el primer mes de 2015, pide al colectivo renunciar a esta parte de sus remuneraciones por «dignidad profesional y como funcionario público».
El Ministerio dio traslado hace unos meses a las asociaciones de secretarios judiciales de un borrador al argumentar que la instrucción que mide su productividad data de 2010 y está desfasada. Según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, los secretarios comprueban la liquidación de las tasas, entre otras funciones, por lo que se ha propuesto introducir este baremo que no tienen afán de recaudación.