El director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, ha informado que, finalmente, se ha elegido a España para acoger la firma del Convenio Internacional contra el Tráfico de Órganos del Consejo Europeo, prevista para finales de año o principios del 2015.
Según ha explicado, tras su intervención en los Cursos de Verano de San Lorenzo del Escorial (Madrid), «España ha jugado un papel fundamental en su desarrollo» y prueba de ello es que la firma se realice en una ciudad española, aún por determinar.
«Entre otras cosas el convenio quedará asociado al nombre de la ciudad que lo acoja, estamos mirando dónde, aunque hay una candidatura que es Santiago de Compostela que, por su relevancia europea, tiene una indicación clara», ha afirmado.
El convenio fue aprobado hace unas semanas y recoge las medidas penales con el objeto de prevenir y combatir la extracción y venta ilícita de órganos humanos; así como acciones para proteger los derechos de las víctimas de estos delitos y facilitar la cooperación internacional.
En su opinión, «este convenio es una muy buena noticia», ya que se trata del primer documento de abordaje integral contra el tráfico de órganos; y, además, en su elaboración se destaca el papel primordial de España en este acuerdo y, concretamente, del Ministerio de Justicia y de Sanidad.
Desde Europa se han fijado con esta aprobación contribuir de manera significativa a la erradicación del tráfico de órganos humanos, de ahí la introducción de nuevos delitos que complementan los instrumentos jurídicos internacionales vigentes en el ámbito de la trata de seres humanos con fines de extracción de órganos.
«Ningún país en el mundo es inmune al tráfico de órganos», ha advertido Matesanz, quien cree que esta iniciativa escenifica que «toda la comunidad internacional ya es consciente del enorme riesgo que representa ésta práctica, que es una especie de esclavitud del siglo XXI contra la que tenemos que luchar todos».
«Combatir eficazmente la amenza global»
En el convenio queda patente que, para combatir eficazmente la amenaza global que representa el tráfico de órganos humanos, debería fomentarse una estrecha cooperación internacional entre los Estados Miembros del Consejo de Europa y los Estados no miembros.
El convenio pide a los Gobiernos tipificar como delito la extracción llevada a cabo sin el consentimiento libre informado y el consentimiento específico del donante vivo o fallecido, o, en el caso de los donantes fallecidos, y sin la eliminación está autorizada en virtud de su derecho interno; cuando, a cambio de la extracción de órganos, el donante vivo, o de un tercero, recibe un beneficio económico o una ventaja comparable; o cuando a cambio de la extracción de órganos de un donante fallecido, una tercera parte recibe un beneficio económico o una ventaja comparable.
El Convenio también prevé medidas de protección y compensación y asistencia a las víctimas en su recuperación física, psicológica y social; así como medidas de prevención para asegurar la transparencia y el acceso equitativo a los servicios de trasplante.
Debido a su alcance en todo el mundo, el Convenio estará abierto en breve a la firma de los Estados miembros y los Estados no miembros del Consejo de Europa para su adopción. En virtud de acuerdo se nombrará un Comité compuesto por representantes los firmantes, donde además se contará con la participación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Comité Europeo para los Problemas Criminales (CDPC), así como otros comités intergubernamentales para designar a representantes que puedan contribuir a una enfoque multisectorial y multidisciplinario.