El despacho de abogados Infante & Peña, especializado en Extranjería y con sede en Cádiz, ha presentado una denuncia contra España ante la Comisión Europea y una petición en el Parlamento Europeo «por la 'regulación' de las devoluciones en caliente» al entender que «suponen una aberración jurídica» y que «no concuerda» con la normativa comunitaria sobre expulsión y devolución de inmigrantes.
Se trata de una denuncia contra la reforma de la Ley de Extranjería que entró en vigor la pasada semana y que regula el rechazo en frontera de los inmigrantes interceptados en el salto de las vallas de Ceuta y Melilla.
Según explica el abogado Alejandro Peña, la denuncia ante la Comisión Europea se formalizó el 7 de abril y la petición al Parlamento Europeo fue registrada un día más tarde. En ambos casos, «se denuncia expresamente la creación para una misma realidad fáctica de dos figuras jurídicas diferentes según el lugar del territorio nacional en el que se den: rechazo en frontera para la zona fronteriza de Ceuta y Melilla y devolución para el resto del perímetro».
Asimismo, se denuncia que la directiva comunitaria de Retorno «reconoce una serie de derechos en el procedimiento de expulsión y de devolución» a los extranjeros que a juicio de este despacho de abogados «no concuerdan» con la reforma emprendida por el Gobierno de España, como el respeto al principio de no devolución, el derecho de solicitar asilo, el derecho de defensa y de recurso contra resolución o la obligación de la administración de dictarla por escrito.
«Una vez se aprueba este tipo de medidas, nosotros a nivel particular no podemos presentar un recurso de inconstitucionalidad, así que la vía que nos queda es ir a la Comisión Europea, encargada de controlar que las directivas se cumplen en la trasposición a la normativa propia», explica el letrado, para recordar que ya en 2007 consiguieron que se pronunciase tras una denuncia contra el Reglamento que regulaba el régimen comunitario en España.
El pronunciamiento de la Comisión Europea en aquel momento llegó después de una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba precisamente los artículos impugnados, que prohibían trabajar a los ascendientes dependientes del ciudadano comunitario y a sus hijos mayores de 21 años que dependieran igualmente de él. La normativa europea sí permitía estos extremos, por lo que tanto Bruselas como la justicia española quitaron la razón al legislador.
Peña confía en que con el rechazo en frontera suceda algo similar, ya que a su juicio «es una barbaridad y supone una aberración jurídica que se cree una norma explícita para dar cobertura a algo que es manifiestamente ilegal» y que «supone saltarse a la torera derechos reconocidos por la Directiva y en tratados internacionales creando una figura con una situación ambigua». En todo caso, el despacho ha presentado también una queja ante el Defensor del Pueblo con el mismo tenor.