La Audiencia Nacional ha dictado en un año 72 sentencia sobre el derecho al olvido, de las cuales 54 (un 75 por ciento) han ordenado retirar los enlaces de los resultados de búsqueda, según ha anunciado el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), José Luis Rodríguez, durante su 7ª Sesión Anual Abierta.
El derecho al olvido es el privilegio que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir su información personal que de alguna manera afecta sus derechos fundamentales y que por el transcurso de un tiempo determinado ya se considere obsoleta.
En este sentido, Rodríguez ha recordado que la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «no implica en ningún caso eliminar la información original, que continúa intacta en la web que lo publicó y que sigue siendo accesible a través del buscador realizando la búsqueda por cualquier otro término que no sea el nombre del afectado».
Además, ha añadido que para valorar las circunstancias de cada solicitud se debe tener en cuenta el interés de los usuarios en acceder a una información, no procede reconocer el derecho solicitado en aquellas informaciones que resulten de interés para el público por su naturaleza o por afectar a una figura pública.
Además, el director de la AEPD ha afirmado que Google ha desistido en 136 recursos que estaban pendientes de resolución, «lo que implica una confirmación de los criterios de la Agencia en un 91% de los casos».
De acuerdo con datos proporcionados por Google en el pasado mes de enero, la empresa había recibido un total de 18.567 solicitudes en España para borrar enlaces siguiendo las directrices marcadas por el TJUE sobre el derecho al olvido. Dentro de estas solicitudes, los usuarios habían reclamado la retirada de un total de 61.561 URLs.
Durante la sesión, en la que participaron alrededor de 1.200 expertos informáticos, Rodríguez ha anunciado que elaboran una guía sobre la protección de los datos personales en la reutilización de la información en el sector público.
«El documento incluirá orientaciones prácticas para contribuir de forma equilibrada a favorecer la reutilización de la información del sector público minimizando los riesgos que pueda implicar para los ciudadanos. El avance de las tecnologías de interrelación y análisis de datos y el constante crecimiento de la información disponible hacen que la anonimización irreversible resulte cada día más difícil de asegurar», ha dicho el director de la asociación.