El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, los vocales de la Comisión Permanente y el Secretario General del órgano de gobierno de los jueces —que son los miembros de la institución que participan en contrataciones— harán pública en el Portal de Transparencia de la institución una relación sucinta del valor económico de su patrimonio actual.
Esa relación, según el acuerdo adoptado este jueves por la Comisión Permanente, incluirá bienes inmuebles urbanos y rústicos, saldo total de las cuentas bancarias, créditos, préstamos o deudas, acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones, certificados de depósito y otros valores mobiliarios y automóviles.
Además de Lesmes, los vocales afectados por este acuerdo son Mar Cabrejas Gerardo Martínez Tristán, Álvaro Cuesta, Juan Manuel Fernández Martínez, Nuria Abad, si bien estos dos últimos han votado en contra de la medida y han anunciado voto particular.
El CGPJ no impedirá que otros vocales puedan hacer público su patrimonio si así lo desean, según señalaron a Europa Press fuentes de este órgano.
La publicación de estos datos era una de las actuaciones que el órgano de gobierno de los jueces tenía pendientes para completar cumplimiento del convenio que el CGPJ suscribió el pasado mes de julio con Transparencia Internacional.
«Ejemplo de transparencia»
El texto aprobado señala que el CGPJ, «en su condición de órgano de gobierno de todos los jueces y magistrados, debe ser un ejemplo de transparencia y buena gestión ante los miembros de la Carrera Judicial, en particular, y ante la ciudadanía, en general» y añade que «desde el inicio mismo de su actual mandato ha perseguido el objetivo de convertirse en referente nacional e internacional en este campo».
Una manifestación de ese objetivo es el convenio de colaboración suscrito el pasado 2 de julio entre el CGPJ y Transparencia Internacional España, que tiene por finalidad lograr una mayor transparencia en el funcionamiento de los poderes públicos y garantizar el cumplimiento del principio de rendición de cuentas y que fue aprobado por unanimidad por la Comisión Permanente el 24 de junio de 2014.
El citado convenio prevé que entre los datos que se harán públicos en el Portal de Transparencia figurará, en el caso de los altos cargos del Consejo «que vayan a gestionar intereses económicos de la institución», una relación sucinta «del valor económico de su patrimonio actual», pese a que la Ley 9/2013 de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno no establece esa obligación.
Solo quienes contratan
La Comisión Permanente encomendó el pasado 3 de marzo al Gabinete Técnico del CGPJ la elaboración de un informe jurídico que especificara el ámbito subjetivo de altos cargos del Consejo que, de acuerdo con el convenio, estén obligados a informar y dar publicidad al valor económico de su patrimonio actual.
El informe concluye que son altos cargos el Presidente del TS y del CGPJ, los Vocales y el Secretario General, pero que solo este último y los miembros de la Comisión Permanente —formada por el presidente y cinco de los veinte vocales— «van a gestionar intereses económicos de la institución», ya que la ley atribuye la competencia en materia de contratación a la Permanente, que a su vez delega esta actividad en el Secretario General.
«En definitiva, el compromiso voluntariamente asumido por el CGPJ con la firma del citado convenio y en tanto no sea denunciado por alguna de las partes nos obliga a incorporar al Portal de Transparencia la referida información patrimonial, de obligado cumplimiento únicamente para el Presidente, Vocales integrantes de la Comisión Permanente y Secretario General, y de carácter voluntario, en consecuencia, para el resto de Vocales que integran el Pleno de este Consejo», dice el acuerdo aprobado.
El Portal de Transparencia ya recoge una ficha individualizada del Presidente y de los veinte Vocales que incluye fotografía, breve currículo, correo electrónico y teléfono de contacto, identificación de su secretario/a, retribución, personal eventual asignado directamente y, en su caso, indemnizaciones que podrían recibir tras el cese en sus cargos.