«La violencia que sufren las mujeres por razón de género, no solo en el ámbito de la pareja o la expareja, sino en todos los ámbitos, es incuestionable», asegura en una entrevista esta salmantina, fiscal desde 1989.
Llamarla de otra manera, como ha ocurrido en el pacto presupuestario suscrito en Andalucía por PP, Ciudadanos y Vox, «es un retroceso que no nos podemos permitir, ya que solo si se distinguen ambos tipos de violencia acertaremos con la respuesta, ya sea en políticas de prevención o en políticas de sanción», asegura.
Peramato, que llegó el año pasado al Constitucional tras más de una década como fiscal contra la violencia sobre la mujer, reconoce que siempre ha habido «posicionamientos ideológicos que están en contra de una realidad que es incontestable», pero advierte del riesgo de que esas ideologías lleguen a las instituciones y afecten a las políticas públicas.
Llama por ello a la sociedad a seguir implicándose en la lucha contra la violencia de género, «acompañando y comprendiendo a las víctimas y denunciando si llega el momento».
Al frente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), una de las tres asociaciones representativas del Ministerio Público, Peramato avanza que la organización seguirá una línea continuista.
Su esperanza es que el nuevo Gobierno dé finalmente respuesta a las peticiones que llevaron el año pasado a jueces y fiscales a protagonizar dos huelgas, una con el PP en el Gobierno y otra ya con el PSOE y con una miembro de UPF, Dolores Delgado, al frente del Ministerio de Justicia.
Además de las reivindicaciones relativas a categorías y retribuciones, la UPF tiene clara la necesidad de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija plazos máximos para la instrucción y que «está provocando impunidad», al archivarse causas o abrirse juicio oral sin haber concluido la investigación.
Seguirá reclamando también la paralización de la justicia digital hasta que se encuentren herramientas adecuadas que subsanen sus actuales deficiencias y que se atribuya a los fiscales la instrucción de las causas, como ocurre en otros países europeos.
No quiere aventurar nuevos paros: «No se descarta nada, pero tampoco tiene que ser una medida única en la negociación».
Peramato es consciente de la mala imagen de la justicia en la sociedad y de las dudas sobre la independencia del Ministerio Público en un sistema en el que el Gobierno nombra al fiscal general del Estado, cargo que ocupa en estos momentos otra fiscal procedente de la UPF, María José Segarra.
A su juicio, la autonomía presupuestaria es un factor clave para reforzar esa independencia, al igual que un sistema de selección autónomo, pero en estos momentos, asegura, el fiscal en España ya trabaja «objetiva e imparcialmente y en pro de la legalidad y de la justicia».
Elogia en este contexto la actuación «brillante» de sus compañeros del Tribunal Supremo en el juicio del «procés», que han mantenido «una posición estudiada y fundamentada desde el primer momento» y a lo largo de todo el procedimiento, al margen de que la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno decidiera acusar finalmente a los principales encausados de sedición y no rebelión.
«La Fiscalía es absolutamente independiente y ha mantenido el criterio que ha creído conveniente», recalca.
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