jueves, noviembre 21, 2024
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Asociaciones de jueces llevan al Supremo 22 nombramientos del Poder Judicial

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Dos asociaciones judiciales han presentado hoy un recurso contencioso-administrativo contra 22 convocatorias y nombramientos recientes de cargos en órganos y tribunales por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las asociaciones Francisco de Vitoria (AJFV) y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) han decidido judicializar su rechazo a una serie de nombramientos acordados por un Consejo General del Poder Judicial en funciones, pues debía haber sido renovado a finales de 2018, según informa en un comunicado la primera de ellas.

Las asociaciones ya recurrieron esas convocatorias y nombramientos por la vía administrativa ante el propio CGPJ, al que además solicitan que atienda la modificación del artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que dichos nombramientos se hagan en virtud de un baremo que atienda únicamente a criterios de mérito, experiencia y capacidad.

Ante la negativa a aceptar estas medidas cautelares hasta que el CGPJ resuelva los recursos contra sus respectivas convocatorias, las asociaciones han recurrido nueve nombramientos de este mes y trece de meses anteriores.

Entre ellos, el que hoy mismo resuelve el pleno del CGPJ para la presidencias de la Audiencia Nacional. También afectan a varias salas de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) en distintas comunidades autónomas o una decena de Audiencias Provinciales, entre otros.

Los recurrentes afirman que su recurso afecta a cargos para los que han sido seleccionados miembros de esas mismas asociaciones, como la presidencia la Sala de lo Social del TSJ de Aragón, que finalmente recayó en la magistrada María José Hernández (AJFV).

El portavoz nacional de AJFV, Raimundo Prado, ha puesto este caso como ejemplo de la «independencia y coherencia» de la asociación, características que -afirma- «tanto se echan en falta en un CGPJ que, pese a estar en funciones desde el año pasado, sigue actuando como un club de golf en el que los cargos se reparten por afinidades y no por lo único que debería contar en estos casos, que es adjudicarlos de forma objetiva e imparcial a quienes más se lo merezcan y mejor los puedan ejercer». 

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