En un comunicado, recuerda que desde 2013, 29 niñas y niños han sido asesinados y 221 han quedado huérfanos a causa de la violencia de género, el último caso este viernes con el asesinato en Beniel (Murcia) de un niño de 11 años a manos de su padre, de 39 años que luego se ha suicidado, quien había sido detenido hace unas semanas por quebrantar la orden de alejamiento respecto a su exmujer.
Precisamente, en el Parlamento de Murcia, donde ha sido investido presidente el candidato del PP Fernando López Miras, el portavoz de Vox, Juan José Liarte, insistió en equiparar la violencia machista con la «intrafamiliar» al afirmar que la ley actual «empuja a pensar» que casos como el ocurrido en Beniel son violencia machista.
Al respecto, la asociación alerta del «peligro que supone la confusión que causan en la sociedad aquellos posicionamientos que niegan la violencia sistemática, histórica y estructural ejercida contra las mujeres y el cuestionamiento de los instrumentos jurídicos para combatirla».
Manifestaciones que, añade, «intentan ocultarla con eufemismos como ‘violencia intrafamiliar’, dando soluciones uniformes a problemas diversos, y que requieren de tratamientos específicos».
Respecto a los menores, la asociación muestra su «indignación» ante «la invisibilización de la violencia contra niñas y niños» que «son el eslabón más débil en la estructura familiar» pese al «clamor de las denuncias interpuestas por sus madres alertando del peligro»
Ante esta realidad, propone una batería de medidas que van desde la asistencia y protección específica efectiva a los menores hasta una reforma del Código Penal y el Estatuto de la Víctima para reconocerles como tal así como ampliar la competencia de los juzgados en materia de violencia contra la mujer a todos los delitos machistas y no sólo los cometidos en el ámbito de la pareja.
También aboga por obligar a los órganos judiciales a realizar un seguimiento periódico de la evolución y desarrollo del régimen de visitas del padre con sus hijas e hijos e, incluso, suspender dicho régimen en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia.
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