«Podíamos haber ido más allá, pero no lo hemos hecho», ha sentenciado la fiscal Carmen Launa durante la presentación de su escrito, en el que pide ocho años y medio de prisión para el expresidente de la entidad Rodrigo Rato, y entre seis años y un año de prisión conmutable por multa para los otros tres antiguos gestores, los exconsejeros de las comisiones de auditoría, el interventor del banco y el auditor externo.
Launa ha reiterado que la postura del Ministerio Público «se ha mantenido en los límites del auto de apertura de juicio oral, por lo que las defensas han sabido en todo momento de lo que se les acusaba y de qué se tenían que defender».
Se ha referido así a los argumentos de letrados como el de Rato o el del exconsejero del grupo y exministro del Interior, Ángel Acebes, que en el trámite de conclusiones definitivas denunciaron la «triquiñuela procesal» por la que desde el pasado julio se atribuye a sus clientes una supuesta falsedad contable que, según ellos, no era objeto del juicio.
En este sentido, la fiscal ha recordado que el auto dictado por el juez instructor Fernando Andreu ya abría la puerta a considerar un posible maquillaje en las cuentas de BFA-Bankia de 2010 y 2011, aspecto que fue considerado por la mayoría de acusaciones particulares y populares personadas en la causa.
La «transparencia» y la «escrupulosidad» en el proceso han sido tales que incluso se advirtió de una posible modificación en la primera sesión, el pasado noviembre, ha añadido Launa, quien ha destacado que tras analizar la documentación y los interrogatorios se hacen evidentes «la importantísima insuficiencia de los saneamientos, la deficiencia de información al mercado y la desaparición de la provisión genérica».
Se hace evidente también la imagen que Bankia quiso dar en su folleto informativo a los inversores, falsa a ojos de Anticorrupción, que ha incidido en el papel del interventor de la entidad, Sergio Durá, del ex director general de riesgos Ildefonso Sánchez Barcoj, del que fuera responsable de la auditoría interna Miguel Ángel Soria y del auditor externo Francisco Celma, como colaboradores necesarios.
Una vez concluida la exposición de las cuestiones procesales, la fiscal continuará con la valoración de la prueba.
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