El problema de los plazos máximos de instrucción fijados en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada con la mayoría absoluta del PP en 2015, había sido ya denunciado por todas las asociaciones de jueces y fiscales, que advirtieron de que se estaban abriendo espacios de impunidad.
Se archivaban importantes causas penales, o se abría juicio oral sin haber concluido la investigación ante la complicada aplicación del artículo 324 de la ley, que marcó un plazo máximo de instrucción de 6 meses, ampliables a 18 en causas que se declaren complejas y prorrogable por igual o menor plazo, siempre a petición de la Fiscalía.
Ejemplo claro de que los plazos no funcionan para el objetivo que defendió el PP al impulsar esa reforma -la agilización de los procesos- ha sido Murcia.
La Audiencia Provincial absolvió al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez en el caso Pasarela, en el que se le investigaba por prevaricación y falsedad por su gestión como alcalde de Puerto Lumbreras, porque el fiscal no solicitó en plazo que la causa fuera declarara compleja para ampliar la instrucción.
En el caso la Sal, sobre la presunta malversación en la desaladora de Escombreras, la Audiencia revocó la declaración de la instrucción compleja porque también se había hecho fuera de plazo, lo que obligó a anular pruebas; y el caso Acal, sobre expedientes urbanísticos de Caravaca de la Cruz, quedó archivado también tras expirar el plazo máximo para realizar las investigaciones.
El cuarto asunto polémico es el King Kong, sobre la fallida y millonaria construcción del auditorio de Cehegín, en el que se ha superado asimismo el plazo de la instrucción sin prorrogarlo.
En junio la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia decidió «visitar» los cuatro juzgados encargados de estos procesos -uno en Murcia, dos en Caravaca y otro en Lorca- para averiguar qué había sucedido y en julio recurrió al Consejo General del Poder Judicial.
Esta semana, el máximo órgano de gobierno de los jueces ha abordado el problema y su comisión permanente ha decidido pedir ayuda a las administraciones responsables.
La propuesta: que en los sistemas de gestión procesal se establezca un mecanismo de avisos o alertas automatizados que permitan un adecuado control de los plazos máximos de instrucción.
La iniciativa de Murcia, se subraya en el acuerdo de la comisión, al que ha tenido acceso Efe, resulta «oportuna y conveniente», ya que en numerosas ocasiones se están agotando los plazos sin haberse realizado las diligencias necesarias para adoptar una decisión de fondo, «incrementándose la posibilidad de disfunciones, errores y problemas de coordinación».
En ocasiones la fiscalía ha solicitado la prórroga en plazo, pero no con mucha antelación antes de que concluyan los 6 meses y la decisión del juez ha llegado tarde.
En la pasada legislatura el PP y Ciudadanos bloquearon durante meses la reforma en el Congreso y el Gobierno no se decidió a derogarla por decreto ante el temor de que el Tribunal Constitucional le acusara de usurpar las funciones del legislativo.
En la memoria anual presentada por la Fiscalía General del Estado esta pasada semana con motivo de la apertura del año judicial, el Ministerio Público volvió a reclamar la derogación del artículo 324.
El Ministerio Público tiene claro que no ha funcionado: ha generado «una notable inseguridad jurídica» ante resoluciones judiciales muy dispares, no ha sido eficaz para agilizar el sistema, ha aumentado la carga burocrática de los fiscales y ha transmitido «una apariencia de impunidad».
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