Así lo pone de manifiesto en la memoria anual de actividades que ha remitido al Ministerio de Justicia, donde hace balance de la actividad de la delegación española en 2018 y de los casos en los que España ha participado.
En su informe, Jiménez Villarejo destaca las pocas notificaciones de casos que ha recibido desde España y considera «decepcionante» el uso del sistema establecido. En general, apunta, no se ha generalizado en los países miembros el cumplimiento de la obligación de comunicar investigaciones y procesos con posible dimensión supranacional.
El procedimiento, recuerda, no fue concebido para crear una nueva carga de trabajo a las autoridades nacionales, sino para que Eurojust pudiera identificar coincidencias entre distintas investigaciones y asistir a las autoridades nacionales en su coordinación.
Francia, con 26 casos, y Alemania, con 24, son los principales países a los que España solicitó asistencia durante 2018, seguidos de Bélgica, Holanda, Rumanía, Reino Unido e Italia. En total, el miembro de España en Eurojust abrió ese año 144 casos (además de 50 expedientes temporales de trabajo).
Son, fundamentalmente, casos relacionados con tráfico de drogas y blanqueo de capitales, además de fraudes e investigaciones contra organizaciones y grupos criminales.
Fueron más los casos en los que se requirió la asistencia de España (372), sobre todo desde Francia, Italia y Alemania.
Entre los motivos de ese desequilibrio, Jiménez Villarejo destaca causas estructurales y geoestratégicas, ya que España es la puerta de entrada donde confluyen varias rutas de tráfico de drogas y de personas con conexiones transnacionales extendidas por todo el mundo, y de manera singular en Sudamérica y el Norte de África.
Pero ve igualmente «preocupante» que España pueda ser vista como un lugar «atractivo» no solo para el disfrute de las ganancias procedentes del delito, sino para el establecimiento de grupos criminales y refugio de delincuentes de otros países ante «la marcada organización territorial de la competencia judicial basada en el partido judicial y la conocida lentitud de nuestro sistema judicial».
En 2018 España fue la segunda delegación nacional más requerida de asistencia en Eurojust, sólo por detrás de Alemania.
España se sitúa así en el grupo de las cuatro delegaciones con más actividad operativa en Eurojust, tras Alemania, Italia y Francia.
La memoria hace también balance de los casos de euroórdenes gestionados en 2018 y analiza el principal incidente del año: el rechazo de Alemania a extraditar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por el delito de rebelión.
En opinión de Jiménez-Villarejo, si algo quedó en evidencia con ese caso, es «la existencia de distintos niveles de confianza mutua dentro del ámbito judicial» y la «imperfecta implementación» de la decisión marco que regula la euroorden en el ordenamiento jurídico alemán.
Ello impidió que la fiscalía recurriera para buscar una adecuada interpretación del principio de reconocimiento mutuo a nivel nacional y que otro tribunal en una instancia superior valorara los argumentos del ministerio público y revisara dicha decisión, añade.
En otros casos, Jiménez-Villarejo critica la «evidente infrautilización» de los mecanismos de consulta y negociación existentes, entre otras razones, dice, por «una cultura nacional reticente a establecer comunicaciones directas con sus homólogos europeos y a un déficit de formación en esta materia».
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