Todo país tiene un cuerpo armado para preservar la integridad de la institucionalidad y, lo más importante, velar por la seguridad de las personas que habitan en el territorio. Además es su obligación amparar el orden constitucional y garantizar el ejercicio de los derechos y libertades. Eso ocurre sin asomo a dudas en Colombia, donde los integrantes de la Fuerza Pública entregan su vida para proteger a los ciudadanos.
Más allá de lo pretendido por el accionante en la demanda contra el Código Disciplinario Militar, esta es una gran oportunidad para hacer un homenaje y agradecer a los soldados y policías por tantos años de sacrificio en conflictos interminables.
Razón le asiste a la Corte al señalar que quienes se enrolan en las instituciones castrenses toman su decisión libre y voluntariamente, conociendo los riesgos que implica esa actividad, aclarando que se refiere a los que escogen unirse a las filas como su profesión, no a los jóvenes que llegan para prestar el servicio militar obligatorio. Esta consideración otorga mayores méritos a los uniformados, en un país en guerra durante la mayoría de historia republicana, optar por defender la institucionalidad es un acto de valentía.
La Fuerza Pública sí que sabe del cumplimiento de esa disposición del Código Disciplinario Militar. Basta con mirar algunas de las cifras que ha dejado el conflicto para verificar su cuota de víctimas. Solo a manera de ejemplo, el Ejército reportó que entre los años 2004 y 20019 fueron asesinados 3.388 de sus integrantes y otros 9.197 sufrieron heridas en acciones bélicas de los grupos ilegales. Si se analiza una de las modalidades, atentados con explosivos, murieron 1.611 soldados. Adicionalmente 112 militares fueron reportados como desaparecidos y 325 secuestrados. Lo paradójico es que de cerca de 207.000 víctimas de ataques de las organizaciones al margen de la ley, apenas 8.000 miembros del Ejército son reconocidos como tales por la Unidad de Atención y Reparación. Estos datos hacen referencia al Ejército Nacional, la cifra se multiplica si miramos la situación de la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea.
Esa es la esencia del militar, está en su sangre, sacrifican la vida por la patria, lo han hecho desde la gesta de independencia -a propósito de la celebración del bicentenario-. La ratificación de la Corte Constitucional de la norma demandada, es válida para no olvidar el agradecimiento que tenemos con la Fuerza Pública, por su profesionalismo, dedicación y sacrificio.
Wilson Ruiz Orejuela