«No sería aceptable que solo las personas con una determinada capacidad económica pueden ser elegidas como parlamentarios y del mismo modo no es admisible que solo los ciudadanos con posibilidad de sufragar los costes de la oposición pudieran llegar a ejercer la función jurisdiccional», argumenta esa asociación en la propuesta.
El documento, que será remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas establece una serie de criterios para conceder esas becas a partir de una valoración de los costes.
De acuerdo con su estimación, la preparación media dura unos cinco años y tiene un coste aproximado de unos 338 euros al mes durante los dos primeros, 300 el tercero y cuarto y 100 el quinto para sufragar el pago del preparador, los libros, la actualización de material y la manutención mínima.
La asociación toma como ejemplo las 35 becas ofrecidas por el País Vasco este año, para las que se presentaron 40 aspirantes.
Entre los criterios que plantea Jueces y Juezas para la Democracia están el de no haber pasado más de 7 años desde la consecución de la licenciatura o grado o el de que las personas de las que dependa quien las solicite no tengan ingresos superiores a 80.000 euros.
La asociación expone que el ejercicio de la función jurisdiccional «ha de llevarse a cabo por personas que sean un fiel trasunto de la sociedad española» y añade: «No cabe duda de que las personas tienen diferentes sensibilidades según su procedencia, formación, situación socioeconómica, y todas ellas deberían tener acceso y estar representadas en el Poder Judicial al igual que lo han de estar en el Parlamento».
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