Los pagos se realizaron en base a un convenido firmado por el equipo del anterior ministro, Rafael Catalá (PP), y Justicia obligó el año pasado a la Abogacía a devolver cerca de 600.000 euros abonados una vez concluida la vigencia de aquel acuerdo, cantidad que los abogados han reclamado a través de un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional.
«La abogacía del turno de oficio ha cumplido con su función dentro del proceso penal, cual es el ejercicio del derecho de defensa de toda la ciudadanía; sin que por ello su actuación deba ser objeto de controversia entre los distintos partidos en periodo electoral», sostiene el Consejo en un comunicado remitido a los medios a última hora de la tarde.
Según este organismo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cuando en un proceso penal un acusado no designa abogado, se le asignará uno de oficio si la causa lo requiere.
«Todos los encausados deberán estar defendidos en un proceso penal tengan o no bienes materiales para costeárselo, conforme al requerimiento judicial», asegura.
En otras macrocausas, como la del 11-M, también se suscribieron convenios y «la excepcional retribución respecto del resto del turno oficio se justifica en que en este tipo de casos, debido a su alto grado de complejidad y duración, los abogados se ven obligados a dedicar la práctica totalidad de sus horas de trabajo a una sola causa durante un largo periodo de tiempo», añade.
La Abogacía acusa al nuevo equipo de Justicia liderado por Dolores Delgado de decidir «unilateralmente que los pagos realizados una vez concluida la vigencia del convenio no se ajustaban a derecho, no obstante haberse seguido prestando el servicio», por lo que tuvo que devolver 591.297 euros que ya se habían pagado a los abogados de la Gürtel, trama de corrupción que golpeó al PP.
Sólo así desbloqueó los pagos a todos los abogados del turno de oficio, congelados durante varios meses el año pasado
Según la Abogacía, el Ministerio se comprometió a «abonar los pagos debidos», pero no cumplió y por ello interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional
Justicia ha informado que investiga si se costearon abogados de oficio a varios acusados que no tenían derecho a ellos, como el cabecilla de la trama, Francisco Correa o varias sociedades limitadas juzgadas en la trama.