El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, han mantenido esta mañana un encuentro de trabajo para abordar esta problemática con la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, y la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco.
El encuentro se realiza con la finalidad de impulsar la coordinación entre la administración autonómica y la justicia madrileña en los casos de okupación ilegal de viviendas.
Esta tipología delincuencial afecta a 4.000 viviendas de la región, registrando el Gobierno regional 1.500 demandas relativas a viviendas okupadas de la Agencia Social de la Vivienda. Usera es el distrito madrileño con más casas okupadas, mientras que en ámbito regional son las grandes ciudades del sur de la Comunidad las más castigadas.
La jornada de trabajo se enmarca en la ‘Mesa de Vivienda y la Okupación’, creada por el Gobierno autonómico con la finalidad de atajar el problema de la ocupación ilegal.
Durante la reunión, los consejeros han trasladado la necesidad de buscar sinergias y protocolos de actuación que permitan acortar al máximo los plazos para llevar a cabo la recuperación de viviendas que hayan sido usurpadas.
Acelerar los trámites
Los dos representantes del Gobierno autonómico han planteado también la necesidad de que, en las okupaciones que afecten al patrimonio de la Agencia de Vivienda Social, se dé facilidades a la Policía Judicial adscrita al Juez Decano de Madrid para identificar a los presuntos responsables, ponerlos a disposición de la autoridad judicial y proceder a la devolución del inmueble.
Antes del encuentro, Enrique López ha subrayado que hay que estudiar «posibles sinergias» para agilizar «al máximo los procedimientos de desalojo».
En este punto, ha incidido en la necesidad de combatir las mafias organizadas que operan en este ámbito delincuencial abusando de la situación de vulnerabilidad que se da en situaciones de okupación para establecer un comercio ilícito» como sería un punto de venta de droga.
«Desde la Comunidad de Madrid queremos luchar contra este fenómeno y buscar soluciones que en el ámbito judicial permitan agilizar los procedimiento para resolver este conflicto», ha aseverado el consejero madrileño, quien ha detallado que se trata de identificar los déficits legislativos para llevarlos a la mesa de trabajo y proponer al Gobierno central reformas legales.
Por su parte, David Pérez ha recalcado que la lucha contra este problema pasa por tres ámbitos; determinación, coordinación y modificaciones legislativas. «Actualmente, es imposible llevar a cano desalojos rápidos y eficaces», ha recalcado.
«Queremos que esas viviendas okupadas vayan a las familias que lo necesitan. Esto es un problema social y hay que evitar la condescendencia que ha habido desde el ámbito de la izquierda y el oportunismo», ha recalcado.
De igual modo, ha subrayado que esta problemática debe abordarse «con rigor, discreción, con la ley en la mano y con coordinación desde los diferentes ámbitos implicados». «Nuestra obligación es buscar una forma de restablecer la legalidad», ha dicho.