Así lo ha confirmado este vieres su abogado, Agustín Azparren, que ha dicho que ha comunicado esta decisión al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que recientemente ha confirmado su decisión.
El pasado 26 de septiembre el CGPJ ratificó la sanción impuesta a la jueza de siete meses y un día, que implica la pérdida de destino, es decir, ser apartada del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo.
Azparren ha señalado que «la sanción no es firme» y si el «Tribunal Supremo revoca» los términos de la misma, bien anulándola o bien reduciendo el período de suspensión, de haberse ejecutado la resolución del CGPJ «el daño sería irreversible» para De Lara, dado que ya habría perdido su destino en Lugo.
«Hasta que se resuelva por parte del Supremo no se puede ejecutar”, ha apuntado Azparren, quien ha recordado que la actual situación no tendrá «ningún tipo de consecuencia» para los procedimientos en curso y para las causas que está instruyendo la jueza, porque es «la vía legal» habitual.
De este modo ha desmentido las declaraciones del letrado que representa al exalcalde de Lugo José López Orozco en varias causas instruidas por Pilar de Lara.