Todas las críticas las está recibiendo la Fuerza Pública y el costo político fue asumido por el Gobierno Nacional, incluso con la salida del ministro de defensa Guillermo Botero, con esa misma firmeza no se ha rechazado y condenado el reclutamiento de menores por parte de las disidencias de las Farc. Seguramente fue un error de las Fuerzas Militares no haber sido más efectivas en las operaciones de inteligencia o peor, haber ordenado el bombardeo conociendo que existía la probabilidad de la presencia de niños y adolescentes en el campamento de alias “Gildardo Cucho”.
La función de las autoridades es proteger a los colombianos, por eso cuando ocurren estos hechos se les recrimina de manera vehemente, pero ello no excusa la gravedad del fenómeno del reclutamiento forzado de menores de edad. El afán de reprochar a los militares y buscar que rueden cabezas de ministros, no puede ocultar el hecho de que en Colombia se sigue atentando contra los derechos de los niños, que son obligados a unirse a los grupos de delincuencia. Las disidencias de las Farc, el E.L.N, el narcotráfico y bandas como el Clan del Golfo y otras, utilizan a menores de edad para actividades ilícitas o que sirvan de escudos para evitar las operaciones de la Fuerza Pública.
Uno de los principales compromisos exigidos a las Farc al momento de su desmovilización, y el que más les ha costado cumplir, fue la entrega de todos los menores que estaban como combatientes. El E.L.N no lo ha hecho, a pesar de su falso discurso de tener voluntad de paz. Son ellos, los grupos de delincuencia, quienes deben recibir el peso de las críticas. Este sería un buen argumento para organizar protestas rechazando dicha práctica. Es inaceptable que estos delincuentes cambien los libros de los niños por fusiles, los juegos por entrenamientos en campamentos y que conviertan a los menores en juguetes sexuales.
En el departamento del Caquetá han sido reclutados cerca de 50 menores de edad en lo corrido del año. La organización Save The Children registró unos 7.700 niños reclutados en el conflicto armado colombiano. Ellos no son combatientes, sus derechos deben ser salvaguardados.
La niñez y la adolescencia tiene que ser protegida, es una exigencia descrita en las normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. La acción del Estado debe estar encaminada a desarrollar programas sociales, brindando educación y oportunidades para la juventud en las regiones que son más vulnerables.
Los esfuerzos del Estado deben estar dirigidos a garantizar la presencia de las instituciones en zonas donde es más frecuente el reclutamiento de menores, con programas de trabajo social y mayores garantías de seguridad.